En los últimos años, la atención a la dependencia ha constatado dos importantes déficits a nivel estatal: la reducción de la aportación económica del Gobierno de España, al no sufragar los porcentajes a los que está obligado por Ley, incluida la supresión en 2012 del llamado nivel acordado y la falta de impulso político por parte del Gobierno de España, para el desarrollo de la Ley de Dependencia.
Por eso, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha acordó reclamar la deuda histórica del Gobierno de España con el Sistema de Dependencia, solicitando la convocatoria de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, prevista en el artículo 55 y siguientes de su Reglamento, que tiene, entre otras funciones, la de permitir la participación de las comunidades autónomas y proponer a los poderes públicos recomendaciones sobre cuestiones de su competencia, con el fin de revisar la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia.
En la VI Conferencia de Presidentes, celebrada el 17 de enero de 2017, Castilla-La Mancha, junto con otras comunidades, introdujo el debate sobre la financiación del Sistema de la Dependencia, y consiguió el acuerdo de la constitución de un grupo de trabajo encargado de estudiar la financiación del Sistema.
Del mismo modo, se ha transmitido al Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales la necesidad de recuperar el nivel acordado de financiación, eliminado en 2012, e incrementar el nivel mínimo para que la aportación del Estado llegue al 50%, recordando también la deuda que el Estado mantiene con Castilla-La Mancha.
Por último, y a pesar del cambio del Gobierno central, el presidente insiste en acometer la revisión de la financiación del Sistema de Dependencia y la deuda desde 2012 que blinde el acceso igualitario a la educación, la sanidad y los servicios sociales, y ello en distintos foros, tanto insistiendo al Gobierno central, como en la Declaración de Zaragoza sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, y en el Debate del Estado de la Región.
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales cifra en tan sólo un 17,4 por ciento la aportación de la Administración General del Estado al Sistema de Atención a la Dependencia, y en el caso de Castilla-La Mancha rebaja esta aportación hasta un exiguo 15,6 por ciento (en 2015 este porcentaje ascendió al 18%), lo que viene a corroborar lo oportuno de la reclamación de la deuda y la necesidad de establecer un sistema justo y corresponsable, de acuerdo con los criterios que la Ley determinó en su día, lo que supone que en 2016 el Gobierno central reduce, aún más, su escaso porcentaje de financiación del Sistema.
