Las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron el 24 de mayo de 2018, por unanimidad de todos los Grupos de la Cámara, la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para las personas con discapacidad, que se fundamenta en un modelo inclusivo basado en la Convención Internacional sobre los derechos de las Personas con Discapacidad, que establece que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica y, por tanto, tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás en todos los aspectos de la vida.
La nueva normativa regional beneficia potencialmente a las 36.000 personas mayores de edad con grave discapacidad física, psíquica o sensorial de Castilla-La Mancha que tienen limitada su capacidad de decisión.
Para la consecución de los objetivos fijados en la ley, el Gobierno regional destina ya en 2018 más de 5 millones de euros, activa un total de cinco unidades de orientación y apoyo además de planificar la creación de la Oficina regional de Orientación y Apoyo y el Registro de Planes Personales de Futuro y crear un total de 480 plazas de atención especializada para personas con discapacidad grave.
La Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad establece un sistema de planificación y una garantía residencial ante la falta de sus familiares y tutores legales, a través de un plan personal de futuro realizado con el asesoramiento y orientación de un agente de mediación, teniendo en cuenta las preferencias y prioridades de la persona con discapacidad y su familia. A tal fin, se dispone de una Oficina Regional y cinco provinciales encargadas del diseño de los itinerarios personalizados para los beneficiarios de la Ley.
Para la elaboración de esta Ley el Gobierno regional ha realizado un intenso trabajo junto con las entidades del sector de la discapacidad.
