Para hacer frente al rescate del Estado del bienestar y atacar a las urgencias sociales se ha avanzado en dos direcciones, la primera de ellas, a través de la senda presupuestaria; la segunda de ellas, con el establecimiento de actuaciones de emergencia ciudadana que, en síntesis, suponen priorizar determinadas medidas relacionadas con la atención a las personas que más lo necesitan, agilizando al máximo su tramitación para que las ayudas lleguen en el momento preciso en el que surja la necesidad.
Desde 2016, los sucesivos presupuestos, incluido el de 2018, tienen como objetivo la recuperación del Estado de bienestar, afianzar la prosperidad económica de la región y mantener el rigor de las cuentas públicas. Desde 2016 se destina más del 70 por ciento del presupuesto no financiero a gasto social, es decir, siete de cada diez euros. Cada día se destinan a este fin 14,2 millones de euros. Todo ello, en relación con el cumplimiento de la Agenda 2030, para la que Castilla-La Mancha aborda medidas globales para erradicar la pobreza, aplicar políticas de bienestar social en todas las edades, garantizar una educación inclusiva y la igualdad real de género, una gestión sostenible del agua, el acceso a una energía segura, un crecimiento económico sostenido e industrialización, el fomento de la innovación y la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático, entre otros aspectos.
La senda presupuestaria seguida por el Gobierno regional supone que, para las políticas de gasto en Sanidad, Educación y Servicios Sociales, en 2018 se destinan 5.200 millones de euros, lo que significa un incremento del 3,5 por ciento con respecto a 2017. En comparación con el último presupuesto de la anterior legislatura, el del año 2015, en tres años se destinan 697,3 millones más a recuperar el Estado de bienestar, un 15,5 por ciento más en términos porcentuales.
En el área de Educación, se destinan 4,6 millones de euros diarios, lo que permite abonar la nómina en verano a 5.000 docentes; reducir las horas lectivas; continuar con el plan de infraestructuras educativas, eliminar barracones y, por primera vez, destinar el 1 por ciento de la contratación pública a la rehabilitación del patrimonio y a la programación cultural.
A la política sanitaria, se destinan prácticamente 4 de cada 10 euros del presupuesto no financiero de la Junta, siendo la partida que más crece en términos absolutos y la de mayor porcentaje del gasto no financiero, lo que supone 7,3 millones cada día para las nuevas infraestructuras hospitalarias y de Atención Primaria, desarrollar el Plan de Renovación Tecnológica Sanitaria que tanta incidencia tiene en la reducción de las listas de espera, o, como novedad, subvencionar la prestación farmacéutica a menores con discapacidad.
En el ámbito de los Servicios Sociales, los recursos crecen un 3,6 por ciento en 2018 y se destinan, entre otros objetivos, a aumentar de manera significativa el Ingreso Mínimo de Solidaridad, a incrementar las y los profesionales de la red de atención primaria, continuar con la mejora de la red residencial para mayores y personas con discapacidad, reforzar la dependencia y dotar de más recursos a los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio.
En relación con las Actuaciones de Emergencia Ciudadana, por ejemplo, las Ayudas de Emergencia Social han pasado de una tramitación media en julio 2015 de 4,32 meses a gestionarse en menos de un mes, así como en menos de una semana para los casos de pobreza energética o desahucio. Con respecto al Ingreso Mínimo de Solidaridad, se ha pasado de 2,7 meses de media en julio de 2015 a 1 mes.
