Desde la Consejería de Bienestar Social y con apoyo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo se ha puesto en marcha un plan regional contra la pobreza energética. En dicho plan se incluyeron convenios con las compañías eléctricas y gasistas para evitar los cortes de suministro energético y se dotaron partidas económicas de apoyo a las familias de Castilla-La Mancha afectadas por esta circunstancia.
Desde el Gobierno de Castilla La Mancha se instó por escrito al Ministerio de Energía para legislar en favor de un bono social real y justo que atendiese a todas las familias en situación de vulnerabilidad.
El Gobierno de España aprobó Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. Considerando que invade competencias de esta Comunidad Autónoma y que no se ajusta a los criterios de justicia social que considera el Gobierno regional, ha sido recurrido conforme al acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 5 de diciembre de 2017, que fue admitido a trámite el 5 de febrero de 2017.
Con fecha 30 de agosto la Consejera de Economía, Empresas y Empleo se reunió con el Secretario de Estado de Energía, y le planteó, entre otras cuestiones, una legislación más justa y eficaz en relación con la aplicación del bono social. Con fecha 6 de octubre se publicó el Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores que recoge las demandas planteadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
