Equidad y Cooperación al desarrollo
Vendrá a las Cortes la ley integral de garantías ciudadanas que dé tranquilidad de conciencia a todos los contribuyentes. El que los ciudadanos de esta tierra puedan terminar sabiendo que se les reclamen más o menos impuestos, podremos asegurar de que lo indispensable para la vida de la gente, lo indispensable para la vida básica, lo que nos separa del tercer mundo eso va estar garantizado.
La Consejera encargada de la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas inicia el procedimiento de toma en consideración del Anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas en abril de 2018 con un primer borrador acompañado de su memoria inicial y su memoria económica.
Con el propósito de recoger alegaciones procedentes de la sociedad civil, se inicia en junio el periodo de información pública acompañado del trámite de audiencia a las consejerías. Esta acción se complementa con la iniciativa que ya se venía desarrollando, a través de la Mesa de Garantías Ciudadanas, en la que participan los agentes sociales más representativos en Castilla-La Mancha.
En los meses siguientes se remite el anteproyecto a los órganos colegiados de participación social de la Comunidad con interés en los contenidos del anteproyecto: Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, Consejo Asesor de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, Consejo Regional de Municipios, siendo valorado favorablemente por todos ellos.
De septiembre a diciembre de 2018, con el objetivo de mejorar el texto normativo e incluir las aportaciones de los diferentes agentes, se realizan nuevos borradores que van acompañados siempre de anexos a las memorias tanto de objetivos como económicas. Revisado por el Gabinete Jurídico y oídas sus consideraciones, se culmina en diciembre con el cuatro borrador del anteproyecto que es aprobando en Consejo de Gobierno para su toma en consideración el 27 de diciembre y remitiéndolo al Consejo Consultivo para obtener su dictamen.
El Anteproyecto pretende regular un conjunto de derechos que se destinen a cubrir las necesidades básicas de las personas y constituye un nuevo modelo de protección social, capaz de dar respuestas a las necesidades de las personas en los momentos críticos, proponiendo un modelo de inclusión activa, basado en una garantía de ingresos, en un acceso a servicios públicos de calidad y asequibles, así como a acciones de empleo.
El Consejo de Gobierno celebrado el 12 de febrero de 2019 aprueba el Proyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas.