El Decreto 80/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, según redacción dada por el Decreto 56/2017, de 23 de agosto, atribuye a un Consejero o Consejera la coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, dado que desde el punto de vista orgánico-institucional compromete a distintos departamentos y plantea de acuerdo a criterios de reordenación de recursos y simplificación de la gestión ofrecer mayor eficacia en las respuestas de las administraciones públicas a las situaciones de necesidad de la ciudadanía.
En fecha 12 de enero de 2017 se elevó a Consejo de Gobierno el “Informe sobre el Plan Integral de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, así como sobre el inicio del proceso participativo y de consulta con agentes sociales y organizaciones de la sociedad civil”. El 24 de octubre de 2017 el Consejo de Gobierno aprueba el Plan Integral de Garantías Ciudadanas.
El 14 de noviembre de 2017 se ha constituido la comisión de seguimiento del Plan de Garantías Ciudadanas. El día 20 de marzo, se hace público el Primer Informe de Seguimiento de las medidas del Plan Integral de Garantías Ciudadanas. En él se analiza la implementación y el impacto del mismo. Entre los principales resultados globales destaca la nueva concesión de 137.062 prestaciones en el 2017 que han recibido un total de 100.000 perceptores. Con respecto al 2016 se produce un incremento en el volumen de prestaciones del 23,4% pasando de 111.088 en 2016 a 137.062 en el 2017.
La Comisión ha mantenido diferentes reuniones de seguimiento durante 2018 para iniciar el seguimiento de las medidas en el año en curso así como analizar las mejoras introducidas. En noviembre se cierra el seguimiento de las medidas durante el primer semestre de 2018.
Se han desarrollado durante abril y mayo de 2018 diferentes Jornadas ciudadanas en cada una de las capitales de provincia y, además, en Talavera de la Reina que acercan el primer borrador del Anteproyecto a la ciudadanía y trasladar además el impacto de las medidas del Plan de Garantías Ciudadanas en cada una de las provincias. Al mismo tiempo se exponen los resultados de la primera fase del Diagnóstico de la realidad socio-económica de Castilla-La Mancha realizado a través del convenio con la Universidad de Castilla-La Mancha y Consejería de Bienestar Social.
Las dotaciones presupuestarias destinadas a la lucha contra la exclusión social y que se agrupan en torno al Plan Integral de Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, que tiene por objeto garantizar a las personas más vulnerables el acceso a los recursos económicos y sociales mínimos para la convivencia en condiciones de dignidad e igualdad, se recogen en el Anexo V de los Presupuestos. De este modo, en virtud de dicho plan se da cobertura económica a múltiples actuaciones como por ejemplo la garantía de suministros básicos del hogar, la renta garantizada, entre otras actuaciones en el ámbito de la educación, la sanidad, los servicios sociales y la vivienda. En 2018 superan los 143 millones de euros.
Entre las principales mejoras del Plan destacan: el significativo aumento presupuestario en el 2018, que supone un incremento del 31,6% respecto a algunas de las medidas existentes en el 2016, y del 20% respecto al 2017; el aumento de la cuantía y el tiempo de percepción del Ingreso Mínimo de Solidaridad; la integración de las medidas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para una mayor cobertura a los hogares con escasos ingresos. También la mejora del Plan de Pobreza Energética, pudiendo percibir dos prestaciones al año en lugar de la única que se había previsto en 2016.
