El Gobierno regional ha dado un giro radical a la política de vivienda de la pasada legislatura. El eje central está siendo atender a una realidad social acuciante: el acceso a una vivienda digna para las personas que más lo necesitan. Una política social de vivienda que prioriza a personas en situación de lanzamiento por desahucio, así como otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad, como mujeres víctimas de violencia de género, en la adjudicación de viviendas públicas.
Desde 2015 se han adjudicado más de 800 viviendas públicas, lo que supone que se han entregado más viviendas que en la anterior legislatura.
Se han puesto en marcha proyectos innovadores de gestión de vivienda pública de alquiler, como es el caso del convenio firmado con el ayuntamiento de Puertollano.
En este sentido, debemos mencionar la nueva orden de ayudas al alquiler que introduce importantes mejoras de cara a favorecer a las personas que más lo necesitan, como familias inmersas en procesos de intervención social, personas sin hogar, deudores hipotecarios en procedimientos de ejecución, mujeres víctimas de violencia de género u otros colectivos en riesgo de exclusión, etc. La cuantía subvencionada de la renta de alquiler puede ser entre un 40% o 50% dependiendo del perfil del beneficiario.
En esta legislatura, a través de distintas convocatorias se han concedido más de 18.300 de ayudas de alquiler, por un importe total de 39,1 millones de euros. En la convocatoria de 2018 se incorporó como novedad ayudas especificas para jóvenes menores de 35 años y a entidades sin ánimo de lucro. Para el año 2020, ya está abierto el plazo para solicitar estas ayudas, convocatoria que cuenta con más de 9 millones de euros.
En la búsqueda de facilitar el acceso a la vivienda, se han puesto en marcha dos nuevas líneas de ayuda:
- Adquisición de vivienda para jóvenes, en este caso ya se ha cerrado el plazo de solicitud de las subvenciones.
- Promoción de vivienda para el alquiler, que tiene sus bases publicadas.
