El anteproyecto de la Ley de Vivienda establece que las administraciones públicas han de colaborar en el ejercicio de sus respectivas competencias y ejecución de sus políticas y concertar las actuaciones necesarias en materia de vivienda, a fin de intervenir en la promoción pública de vivienda y garantizar el derecho a la vivienda.
Reconociendo el principio de autonomía municipal en materia de vivienda, atribuye a las corporaciones locales la responsabilidad de planificar y programar sus actuaciones en consonancia con la demanda efectiva que exista en el término municipal. Para ello se contempla la obligación de aprobar Planes Locales de Vivienda en los municipios con población superior a los 50.000 habitantes.
En el borrador de Anteproyectos también se recoge la figura de bolsa de alquiler, los requisitos para acceder al mismo y el derecho a percibir ayudas al pago del alquiler en aquellos supuestos en los que no sea posible el acceso a una vivienda en régimen de arrendamiento en el mercado libre.
En esta legislatura, a través de distintas convocatorias se han concedido 18.300 de ayudas de alquiler, por un importe total de 39,1 millones de euros.
