Las Cortes de Castilla-La Mancha, en noviembre de 2015 y a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, aprobaron una Resolución a favor del desarrollo de una renta mínima homogénea estatal. Simultáneamente, en materia de desarrollo de la renta social básica en la región, se han llevado a cabo varias actuaciones:
El Plan de Garantías Ciudadanas es el germen del desarrollo de la renta básica en Castilla-La Mancha, mientras se desarrollan medidas contra la pobreza y por la renta garantizada. El Plan, dotado con más de 140 millones de euros en 2018, contiene tres programas: el de garantía habitacional frente a la insolvencia sobrevenida, el programa de garantía de suministros básicos del hogar y el programa de garantía de rentas.
Las mejoras en el Ingreso Mínimo de Solidaridad suponen que se haya visto incrementada su cuantía hasta los 446 euros para una persona, llegando la media familiar a los 521 euros. Además, su duración de 24 meses se puede renovar en determinados supuestos y tampoco se aplica la suspensión de 3 meses que venía rigiendo. Para realizar estas mejoras, el Gobierno destina en 2018 el doble del presupuesto con respecto a 2015, hasta llegar a 15,4 millones de euros, lo que permite atender a 4.500 familias que carecen de medios económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Por su parte, el pionero Plan Regional contra la Pobreza Energética de Castilla-La Mancha, puesto en marcha en 2016, incorpora desde 2018 dos ayudas preventivas de 150 euros a las familias más vulnerables, evitando el corte de suministros energéticos o su reposición inmediata con el objetivo de combatir la pobreza infantil. Desde su puesta en marcha, el Plan de Pobreza Energética ha beneficiado hasta el momento a 60.000 personas, de las cuales 30.000 son menores, esto es, un 50 por ciento.
En relación con la transmisión intergeneracional de la pobreza, el Ejecutivo regional desarrolla proyectos en los ocho Centros de Día de Infancia y Adolescencia, atendiendo en torno a unas 5.000 personas desde que comenzó la legislatura hasta finalizar 2018.
Asimismo, el Gobierno está trabajando en la Ley de Infancia y Familia, que supone la apertura de un proceso de información pública sobre el anteproyecto en mayo de 2019, un primer borrador que contempla el derecho de todos los niños y niñas a la manutención, a crecer y desarrollarse en una vivienda digna y a que las administraciones públicas traten de evitar las condiciones de pobreza energética. y presten un apoyo especializado a las familias sin recursos para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza.
Por otro lado, en mayo de 2020 el Gobierno central aprueba el Ingreso Mínimo Vital, destinado a la erradicación de la pobreza extrema. En Castilla-La Mancha, un año después de la puesta en marcha de este ingreso, se benefician 8.828 hogares en los que viven 24.611 personas. En 6.021 de esos hogares, el 68% del total, viven menores.
