Equidad y Cooperación al desarrollo
En todo caso, Castilla-La Mancha tendrá un papel proactivo para impulsar el desarrollo de la renta básica a nivel estatal y, en todo caso, si esto no se produce, los socialistas nos comprometemos a desarrollar en nuestra región la regulación de la renta social básica en los términos previstos en la Ley 14/2010 de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, aprobada por el Gobierno Socialista y vaciada de contenido durante el mandato de la Sra. de Cospedal.
El Consejo de Gobierno abierto, celebrado el 16 de febrero de 2016, con la participación de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza EAPN de Castilla-La Mancha, continuó con la senda de proactividad iniciada en las Cortes a favor de una renta mínima. El Consejo ha aprobado instar al Congreso a que legisle sobre una renta mínima para las personas en situación de pobreza, que sea igual en todo el territorio. Esa renta mínima nacional debe partir de los Presupuestos Generales del Estado, si bien en otras regiones, como en Castilla-La Mancha, puedan existir rentas complementarias dirigidas a familias en situación de pobreza o vulnerabilidad.
Simultáneamente, el Gobierno regional incrementó la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad hasta el 55% del Salario Mínimo Interprofesional, más un complemento del 6,6% por cada miembro de la unidad familiar superior a uno. La convocatoria del Ingreso Mínimo de Solidaridad para el 2018 está destinada a aquellas familias que carecen de medios económicos suficientes para sus necesidades básicas. El presupuesto para 2018 es de 15,4 millones de euros, lo que supone, que casi se ha duplicado en dos años, al pasar de 8,2 millones en 2016 y 10,4 millones en 2017.
El Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) del 2018 presenta novedades, la primera, un aumento de la cuantía percibida por persona, que pasa de 420 a 429 euros mensuales como mínimo, mientras que la media familiar mensual queda fijada en 501 euros. La percepción del ingreso puede renovarse más allá de los 24 meses actuales, con vistas a que las personas beneficiarias puedan seguir cobrando la prestación hasta que se incorporen al mercado laboral y tengan así una vida normalizada. Asimismo, se elimina la interrupción del cobro del IMS durante tres meses al año, ya que hasta ahora se cobra seis meses, se interrumpe tres y se sigue cobrando otros seis.
En 2018 se han podido beneficiar de estas ayudas 4.500 familias, lo que representa un 50% más de las que lo han percibido en 2017.
En la VI Conferencia de Presidentes Autonómicos se han alcanzado acuerdos importantes que pueden ser el germen de esta importante conquista.
Finalmente, el día 29 de mayo de 2020 el Gobierno de España presentó el Ingreso Mínimo Vital, que sería aprobado el 10 de junio en el Congreso. Esta ayuda económica garantiza a las rentas más bajas los ingresos necesarios, desde 462 euros a 1.015 euros mensuales. A petición del varios grupos parlamentarios fue tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. El Ejecutivo calculó en el momento de su aprobación que la medida puede beneficiar a 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas.