El Gobierno de Castilla-La Mancha ha establecido por Ley la atención de las situaciones de urgencia social. La Ley 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias estableció tanto las actuaciones calificadas de emergencia ciudadana como el régimen jurídico aplicable a las mismas. En cuanto a las actuaciones comprendidas, son:
a) En relación a la emergencia social: las ayudas de emergencia social, el ingreso mínimo de solidaridad y el Plan regional contra la pobreza energética.
b) Sobre dependencia y discapacidad: las ayudas para el mantenimiento de las condiciones básicas de vida, las prestaciones económicas a favor de menores, personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, la prevención de la situación de dependencia y la promoción de la autonomía personal y la acción tutelar.
c) En relación a menores y familias: las ayudas para la atención a menores en acogimiento, las destinadas a el desarrollo de programas de autonomía personal y preparación para la vida independiente o para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección judicial.
e) Con respecto a la igualdad de acceso a la educación: las ayudas y becas a la escolarización, tales como la matricula o los materiales curriculares y las ayudas para transporte escolar y comedor escolar.
f) En relación a las ayudas en materia sociosanitaria y de salud, el programa sociosanitario y de salud mental.
g) Sobre la igualdad efectiva, el apoyo a los centros de la mujer y los recursos de acogida, la asistencia jurídica procesal a víctimas de violencia de género, las ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia, también para aquellas mujeres con especiales dificultades para encontrar empleo, el acceso a pisos tutelados, las ayudas a víctimas de trata y las ayudas a mujeres víctimas de violencia que además sufren discriminación.
Su régimen jurídico es especialmente protegido, estableciendo su tramitación por el procedimiento de urgencia, en consecuencia, se reducen a la mitad los plazos máximos establecidos con carácter ordinario para la tramitación y resolución de dichos procedimientos, salvo para la presentación de solicitudes y recursos. Además, se establece que no cabe la posibilidad de minoraciones presupuestarias en los créditos asignados a tales actuaciones, salvo la que se realicen entre otros créditos destinados a la emergencia ciudadana.
La regulación sobre la emergencia ciudadana viene complementada tanto por la Ley 2/2017, de 1 de septiembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2017, y la Ley 7/2017, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018, así como se establecen los créditos consignados para estas actuaciones.
En este orden de cosas en 2016 se modificó la regulación de las Ayudas de Emergencia Social con el fin agilizar su gestión, establecer y definir el carácter prioritario de determinadas situaciones de necesidad, así como flexibilizar los requisitos de acceso a las mismas. Se establecen como necesidades de emergencia por razones humanitarias o de fuerza mayor la pérdida de vivienda, cortes de suministros energéticos u otras situaciones especiales acreditadas en el Informe Social y se exime a las personas beneficiarias de cumplir el requisito de residencia de un año, ser mayor de edad y no haber recibido otras prestaciones para la misma finalidad.
A lo largo de la legislatura, el Gobierno ha destinado un presupuesto de 24,5 millones de euros y ha concedido cerca de 23.000 ayudas de emergencia social.
