El Gobierno de Castilla-La Mancha ha apostado por la recuperación de los servicios públicos, deteriorados gravemente en la anterior legislatura, una recuperación basada en reforzar de nuevo las plantillas de empleo público destinadas a dar cobertura a las necesidades sociales, que ha permitido mejorar de manera ostensible la atención a personas desempleadas, reforzar las plantillas de Educación y Sanidad, mejorar el servicio de dependencia o permitir la puesta en marcha de una red de oficinas antidesahucios.
Ejemplos concretos han sido recuperar las políticas activas de empleo mediante la contratación de 42 orientadores, 80 técnicos de empleo y 33 técnicos de formación despedidos en la anterior legislatura y aprobar la prórroga de dos programas temporales de refuerzo de personal en los servicios de dependencia. Otras medidas importantes han sido el reducir la ratio de las aulas y de las horas lectivas, con la contratación de más personal docente, y la eliminación de los contratos precarios en la sanidad pública.
Un compromiso del Gobierno regional por unos servicios públicos de calidad que tienen su reflejo en el incremento de más de 360 millones de euros en el capítulo dedicado a gasto de personal con respecto a 2015.
