El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reforzado las plantillas para desbloquear los expedientes de Dependencia; asesorar a jóvenes y desempleados de larga duración en el acceso a los Planes de Empleo; así como para ayudar a personas en riesgo de desahucio y pobreza energética.
También, ha triplicado en esta legislatura el presupuesto para desarrollar programas de Infancia y Familia, pasando de 2,1 millones de euros en 2014 a 6,1 millones en 2018.
En la VI Conferencia de Presidentes, celebrada en enero de 2017, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado al Gobierno de España una deuda que se sitúa en unos 400 millones por infrafinanciación del Sistema de la Dependencia en la región.
Entre las principales actuaciones del Gobierno regional dirigidas a la población más vulnerable, destaca el abono a primeros de mes de las prestaciones económicas de la dependencia, que tienen la misma prioridad que las nóminas de los empleados públicos. Además, desde junio de 2015 se han incorporado al Sistema de Dependencia 25.000 nuevos usuarios, hasta llegar a los 59.471 personas beneficiarias (que perciben 71.873 prestaciones) en mayo de 2019, un 71 % más que al inicio de la legislatura. Además, se ha duplicado la ayuda a domicilio para personas con dependencia.
En materia de discapacidad, se ha reservado, por primera vez en la historia de Castilla-La Mancha, el 8 por ciento del presupuesto de la Junta destinado a la contratación pública a centros especiales de empleo y a empresas de inserción sociolaboral, con el objetivo de aumentarlo en años sucesivos, y garantizar el pago mensual desde junio de 2017 de las subvenciones concedidas a entidades sociales dedicadas a programas de atención a las personas con discapacidad.
En 2018, el Gobierno de Castilla-La Mancha destina al colectivo de la discapacidad más de 100 millones de euros, diez millones de euros más que en el año 2014.
Y también, en mayo de 2018, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Ley de Protección y Apoyo Garantizado para Personas con Discapacidad, un compromiso del presidente García-Page, para ofrecer tranquilidad a las familias sobre el futuro de sus hijos.
En cuanto al número de personas beneficiarias del Plan contra la Pobreza Energética supera las 75.000 personas desde su puesta en marcha y desde 2018 se aumenta la posibilidad de que los hogares que lo requieran reciban prestaciones económicas, así como una cobertura anual. Este avance en garantía de suministros va acompañado de otros avances como la eliminación de los tres meses de suspensión del Ingreso Mínimo de Solidaridad, la posibilidad de cobrar esta ayuda por encima de los 24 meses y el aumento de la cuantía hasta los 500 euros.
En materia presupuestaria, el Ejecutivo de García-Page destina en 2018 un total de 143 millones de euros al Plan Integral de Garantías Ciudadanas, de los cuales 125,9 millones para garantías de rentas; 16,1 millones, a garantía habitacional; y 1 millón a garantizar los suministros básicos del hogar.
En el ámbito de la conciliación, en mayo de 2018 el Gobierno regional y los sindicatos aprobaron el II Plan Concilia de la Junta, que contiene medidas en materia de permisos y licencias, flexibilidad horaria, excedencias y protección integral contra la violencia de género, entre otras mejoras.
