El presupuesto regional ha ampliado las partidas destinadas a gasto social en 697,3 millones de euros. Así, en 2018 el Gobierno regional destina 14,2 millones de euros al día al Estado del Bienestar. Además, se ha incrementado el capítulo de inversiones públicas en 2017 y 2018, especialmente en infraestructuras de carácter social.
En el marco de la gestión del gasto público con criterios de eficiencia y necesidad social, el Gobierno regional da la misma prioridad a las prestaciones económicas que reciben las personas dependientes que al abono de las nóminas de las y los empleados públicos y ha instaurado el pago mensual de la ayuda a entidades privadas sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito de la discapacidad en la región, una medida que ha sido calificada de avance histórico por las entidades sociales, colectivos e instituciones.
En este sentido, hay que poner en valor que en 2018 Castilla-La Mancha ha encabezado el crecimiento del gasto en dependencia y el grado de cobertura es del 84,71%, sobrepasando la media nacional que actualmente se sitúa en el 76,75%, lo que supone el mejor dato desde que se aprobó en España la Ley de Dependencia.
También, según el XIX dictamen del Observatorio de la Dependencia, por tercer año consecutivo se contabiliza un aumento de las personas atendidas, lo que sitúa a Castilla-La Mancha como la tercera región con mejor ratio de todo el país, con 27,83 dependientes atendidos por cada 1.000 habitantes.
En 2017, el Gobierno de Castilla-La Mancha puso en marcha el Plan Integral de Garantías Ciudadanas, que en 2018 dispone de un presupuesto de 143 millones de euros. Asimismo, el Gobierno de Castilla-La Mancha abonó en 2015 los pagos pendientes a los ayuntamientos, una vez solucionada la inacción en la firma de convenios al final de la anterior legislatura.
El Gobierno regional ha realizado todas estas actuaciones siendo financieramente solventes y volviendo a la ortodoxia financiera, con un ahorro neto positivo de 78 millones de euros en 2017 y de 115,2 millones en 2018, un 51,1% más que el año anterior.
Además, gracias a la mejora en la gestión de las finanzas públicas llevada a cabo por el Gobierno de Castilla-La Mancha, mediante la renegociación de tipos de interés y y la amortización de deuda pública contraída en la anterior legislatura, se ha logrado un ahorro de cerca de 10 millones de euros, unos recursos que se han podido destinar a gasto social.
El Gobierno de Castilla-La Mancha está cumpliendo el ritmo de ejecución de gasto del Programa Operativo FEDER 2014-2020, evitando la pérdida de fondos europeos que corresponden a la región en el marco de la Política de Cohesión comunitaria.
