El Gobierno de Castilla-La Mancha reclama que el nuevo modelo de financiación autonómica proporcione los recursos suficientes para financiar la prestación de los servicios públicos que son competencias de la comunidad autónoma. Además, es necesario garantizar en todas las comunidades autónomas un nivel similar en la prestación de los servicios públicos, con independencia de su nivel de renta o capacidad fiscal.
En enero de 2017, el presidente García-Page, participó en la VI Conferencia de Presidentes, en la cual se acordó analizar la estrategia demográfica y la política fiscal de las comunidades autónomas en el nuevo Sistema de Financiación Autonómica. El Gobierno regional está dispuesto a recuperar en el nuevo Estatuto de Autonomía el concepto de «deuda histórica».
En este sentido, también el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha propuesto al Gobierno central una reestructuración de la deuda vinculada a la infrafinanciación de Castilla-La Mancha con el actual modelo. También plantea un reparto más equitativo en los niveles de prestación de servicios públicos con independencia de la capacidad fiscal o económica de cada comunidad autónoma.
Y el Gobierno regional, a propuesta de su presidente, ha presentado un estudio sobre la infrafinanciación a la que está sometida Castilla-La Mancha, ya que se calcula que cada año que se retrasa la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica, la región deja de percibir más de mil millones, por lo que es necesario culminar un nuevo modelo de financiación que sustituya al actual, el cual debía haber sido revisado en 2014.
También, el Gobierno regional participa de manera activa en el Comité Técnico Permanente de Evaluación del sistema de financiación autonómica, junto al resto de comunidades autónomas, del que ya se han celebrado 9 reuniones, entre los meses de diciembre de 2017 y septiembre de 2018 y de forma paralela, en el grupo de trabajo sobre tributos propios constituido al efecto.
La declaración institucional en torno al debate de la financiación autonómica firmada en Zaragoza el 10 de septiembre de 2018, en la que ha participado el presidente García-Page junto con los presidentes de Aragón, Galicia, La Rioja, Asturias y Castilla y León, incluye la petición al Gobierno de España de continuar y avanzar en los trabajos sobre un modelo de financiación autonómica que debe ser objeto de un consenso multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que se tengan en cuenta las particularidades y necesidades de cada una de las comunidades autónomas.
El Gobierno regional ha recabado el apoyo de los distintos grupos con representación parlamentaria a la declaración institucional de Zaragoza, tras explicar la filosofía que ha inspirado dicho documento, la cual debe sustentar la financiación de las comunidades autónomas para los próximos años.
Además, el presidente de Castilla-La Mancha ha propuesto, en su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región correspondiente a 2018, un Pacto en torno a la financiación autonómica desde los principios de multilateralidad y solidaridad.