El ofrecimiento de pacto realizado por el presidente de Castilla-La Mancha en el Debate del Estado de la Región de 2018 fue uno de los temas de la primera reunión institucional mantenida con el nuevo presidente del Partido Popular en el Palacio de Fuensalida, el 21 de noviembre de 2018. En ella, se llegó al compromiso de articular mesas de trabajo donde acercar posturas en asuntos de vital importancia para el interés general, como son el agua, la financiación autonómica y generación de empleo.
En declaraciones a los medios, el presidente de los populares manifiesta su voluntad de acuerdo para "reclamar una mayor financiación" para la comunidad y los ayuntamientos, de cara a mejorar la prestación de los servicios públicos; su intención de mantener una postura común en materia de agua en defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha y también en llegar un acuerdo para garantizar la "empleabilidad de largo recorrido" y se refiere en concreto a la “importante carga logística” en los Corredores de La Sagra (Toledo) y el Henares (Guadalajara) que cree necesario “derivar” hacia el eje de la A-5 en Toledo, en torno a Talavera de la Reina y la comarca de La Mesa de Ocaña.
El presidente García-Page reiteró, en el Debate de Investidura de 2019, el ofrecimiento a los grupos de la oposición para buscar acuerdos en materia de agua, financiación autonómica, consolidación de los servicios públicos, infraestructuras, crecimiento y empleo, reto demográfico y estrategia de desarrollo rural.
En el ámbito socioeconómico, tras la experiencia del Acuerdo marco por la recuperación económica y social suscrito con los agentes económicos y sociales más representativos que dio lugar al Pacto por la Recuperación Económica 2015-2020, el 17 de julio de 2019 se suscribió de nuevo con los agentes sociales el Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha 2019-2023, que posteriormente sufrió una adaptación consensuada al sobrevenir la crisis sanitaria por el covid-19, adoptándose un acuerdo de medidas extraordinarias para la recuperación económica el 4 de mayo de 2020 y nuevos planes para incentivar la creación de empleo y apoyar a las personas emprendedoras y a las empresas.
El 3 de junio de 2020, el Gobierno regional junto a los partidos políticos PSOE y Ciudadanos firman el Pacto por la reconstrucción de Castilla-La Mancha, al que no se suma el PP.
El Pacto contra la despoblación en Castilla-La Mancha firmado el 28 de febrero de 2020 en Brihuega, entre el Gobierno, la Federación regional de Municipios y Provincias, los agentes sociales (CECAM, UGT y CCOO) y agentes de desarrollo rural, incorpora en su punto duodécimo la necesidad de acometer una reforma urgente del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas que incorpore la solidaridad en su funcionamiento y permita disponer de más recursos, que tengan en cuenta el despoblamiento entre sus criterios, para asegurar un mismo nivel de acceso a los servicios públicos a toda la ciudadanía, independientemente del lugar donde vivan. Algo que también recoge la Estrategia frente a la Despoblación 2021-2031.
El 9 de septiembre de 2020, el presidente de Castilla-La Mancha mantiene encuentros con la representación de los tres Grupos Parlamentarios de las Cortes para consensuar posturas comunes en materia presupuestaria, agua y fondos europeos, poniendo su disposición a mantener espacios de diálogo con las fuerzas políticas así como con los agentes sociales y económicos.
El 9 de diciembre de 2020, el presidente de Castilla-La Mancha firmó con todos los grupos políticos, agentes sociales y sociedad civil el Acuerdo de Posición Común en Materia de Agua.
El 17 de diciembre de 2021, se firma el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo 2021-2024, que refunde y adapta para este horizonte temporal las medidas de los pactos anteriores y se incorporan nuevas con objeto de atender nuevas necesidades y canalizar los fondos europeos Next Generation.
En enero de 2022, el Gobierno regional se reúne con representantes de los grupos parlamentarios y con agentes sociales para trasladarles las propuestas del Ejecutivo en materia de financiación autonómica remitidas al Ministerio de Hacienda en el plazo de alegaciones a la primera propuesta del Gobierno para reformar dicho modelo. Unas propuestas que obtienen respaldo de los partidos presentes en las Cortes regionales.
