El Presidente de Castilla-La Mancha en los encuentros que ha mantenido con los representantes de todas las formaciones políticas, con o sin representación parlamentaria, ha abordado la reforma del Estatuto de Autonomía como uno de los retos institucionales en esta legislatura, recabando sus opiniones e invitándoles a participar en la conformación de una propuesta de reforma estatutaria consensuada.
Asimismo, en la Declaración Institucional que recoge el acuerdo del inicio de concertación con los representantes empresariales y sindicatos (CECAM, CCOO y UGT) muestran su apoyo en el apartado cinco para abordar la reforma del Estatuto de Autonomía con la participación de todas las formaciones políticas.
El Gobierno regional ha abierto un proceso de consulta participativa ciudadana con el objetivo de recabar sugerencias sobre la reforma del Estatuto de Autonomía y trasladarlas a los diferentes grupos políticos. Se han recibido unas 300 aportaciones de la ciudadanía para abordar la Reforma del Estatuto de Autonomía, claro ejemplo del interés que despierta esta reforma impulsada por el gobierno y bajo el principio de transparencia.
El vicepresidente ha mantenido una ronda de contactos con representantes de otras formaciones políticas, concretamente con el coordinador regional de IU, el coordinador regional y la portavoz de Ciudadanos, con el presidente del PCAS, (Partido Castellano) con el objetivo de solicitar su participación y conseguir el mayor consenso de todos los grupos políticos de la región en la reforma del Estatuto de Autonomía y poder tener un primer borrador.
Al comienzo de la X legislatura se retoman los encuentros con los grupos parlamentarios para abordar la reforma estatutaria con el consenso deseado. Situaciones sobrevenidas como la pandemia de covid y sus repercusiones socioeconómicas han postergado esta iniciativa, que requiere de voluntad y entendimiento por parte de todas las fuerzas políticas.
Por otro lado, lo que sí se ha abordado es la recuperación del órgano fiscalizador externo. Así, en julio de 2021, el Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de la Cámara de Cuentas, que inicia su tramitación parlamentaria. La creación de este nuevo órgano fiscalizador externo propio es un compromiso que se adquirió después de que en 2014 se suprimiera la denominada Sindicatura de Cuentas, que funcionó durante veinte años y cuya labor fiscalizadora asumió el Tribunal de Cuentas tras su desaparición. El 2 de diciembre las Cortes aprueban la Ley 7/2021 de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha, que se publica en el Diario Oficial el 13 de diciembre de 2021. En junio de 2022 toma posesión su presidente.
Otro instrumento de control profundizando en lo establecido en la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, es El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha que se constituye el 4 de septiembre de 2023 en las Cortes de Castilla-La Mancha. Es el organismo encargado de garantizar los derechos de acceso a la información pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa y garantizar y promover la observancia de las disposiciones de buen gobierno previstas en la Ley.
En la XI legislatura, la reforma del Estatuto continúa estando en la agenda del Gobierno, de cara a dotar a la Comunidad Autónoma de un Estatuto de nueva generación que incorpore los cambios constitucionales y sociales desarrollados durante este siglo.
