El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reforzado y ampliado los instrumentos de los que dispone para que los ayuntamientos tengan un mayor protagonismo en todas aquellas decisiones que se adopten desde la Junta y que tengan una incidencia directa en las entidades locales.
De este modo, se ha potenciado el Consejo Regional de Municipios, órgano de cooperación entre la Administración autonómica y la local y una herramienta para lograr un clima de buen entendimiento entre dichas administraciones. Desde el inicio de la legislatura, se han convocado 11 reuniones de dicho Consejo Regional de Municipios, más del triple que los dos últimos años de la legislatura anterior, y se han informado 17 normas legislativas.
También, se ha impulsado la Comisión Regional de Protección Civil, la cual se reúne dos veces al año, y la Comisión de Coordinación de Policías Locales, con la presencia de representantes de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Asimismo, se ha constituido el Consejo Regional de Archivos, con la participación de representantes de entidades locales.
Asimismo, el Gobierno regional apuesta por mejorar las infraestructuras de los municipios de Castilla-La Mancha dándoles participación en los diferentes Planes de empleo así como facilitando la selección y ejecución de proyectos de interés en zonas despobladas, a través de las convocatorias de Expresiones de Interés, dentro del marco del Programa Operativo Feder Castilla-La Mancha 2014-2020.
Además, se está fomentando la actividad empresarial local y la orientación de su localización hacia áreas geográficas determinadas, para lo cual se ha aprobado la Ley de apoyo a zonas prioritarias de Castilla-La Mancha, con la finalidad de reducir las diferencias de situación económica en la comunidad autónoma.
Por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha apoya y colabora con la FEMP en las actividades que desarrollan en beneficio de los ayuntamientos, para que estos dispongan de una mayor información y formación en aquellos temas que más les preocupan como son la gestión urbanística, la contratación pública, la administración electrónica así como en materia de buen gobierno y transparencia.
Al mismo tiempo, sigue defendiendo una mayor presencia de los ayuntamientos ante otras instituciones, como la petición realizada en marzo de 2017 a la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para que se reconozcan a los ayuntamientos competencias en materia de políticas de igualdad.
