En septiembre de 2015, el Gobierno de Castilla-La Mancha acompaña al sector cuchillero en la defensa en Bruselas de la protección del producto artesano cuchillero albaceteño.
En abril de 2016, la Asociación de Cuchillería y Afines (APRECU), de Albacete, la Federación de Artesanía de Castilla-La Mancha (FRACAMAN) y la Junta de Comunidades organizan la Jornada sobre la Protección Geográfica de Productos no Agroalimentarios en la UE, con el objetivo de que las agrupaciones de productores se aunaran para conseguir que se adopte un reglamento fuerte y unificado que reconozca la calidad y proteja los productos más tradicionales. En este encuentro se firma el Acuerdo de Posición Común para la defensa de la regulación de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) ante Europa, al que se adhieren 16 colectivos artesanales de Castilla-La Mancha así como otros procedentes de otras comunidades autónomas, como la Cuchillería de Taramundi (Asturias).
En mayo de 2016, las Cortes de Castilla-La Mancha aprueban por unanimidad una proposición no de Ley (PNL), presentada por los grupos parlamentarios PSOE y PODEMOS, relativa a la creación de un sistema de IGP para productos no agroalimentarios, instando al Gobierno de Castilla-La Mancha a que se manifieste a favor de la creación de dicho sistema y a las autoridades europeas a que inicie las actuaciones necesarias para su aprobación.
En enero de 2017, una delegación del Gobierno regional, con el presidente de Castilla-La Mancha a la cabeza acompañada por representantes del sector artesano regional, se reúne en Bruselas con representantes de la Comisión Europea para solicitar que se establezca un marco regulatorio que proteja a los productos artesanos de la competencia desleal y el intrusismo.
Castilla-La Mancha participa en la elaboración del Dictamen en defensa de las IGP artesanales. En junio de 2021 se mantiene una reunión con representantes de la Comisión Europea, que muestran receptividad al planteamiento del Ejecutivo regional y coinciden en la necesidad de aunar esfuerzos entre los países que cuentan con productos de calidad y que se ven amenazados por las falsificaciones, en su mayoría procedentes del mercado asiático.
En agosto de 2021 se defiende la creación de esta regulación en el procedimiento de participación pública abierto por la Comisión Europea para presentar propuestas al estudio que ha de servir de base a la elaboración de un futuro Reglamento sobre esta materia.
La reivindicación de Castilla-La Mancha se ha aportado a la Hoja de Ruta de la Comisión: una regulación uniforme y conjunta de tal manera que el producto pueda ser reconocido acorde con la calidad y competitividad que ofrece y no se encuentre en una posición de desventaja al no poder certificar a nivel comunitario el vínculo entre la calidad y el origen geográfico de los mismos.
En la Hoja de Ruta se recoge asimismo la necesidad de establecer sistemas comunes de fomento de la producción, ayudas y promoción de los productos, tanto a nivel nacional como internacional, así como la regulación de un régimen sancionador en caso de incumplimiento, lo que evitaría la competencia desleal.
En octubre de 2021, el presidente de Castilla-La Mancha defiende la necesidad de la regulación de esta figura de protección durante el debate del dictamen sobre esta medida y entrega el documento de posición común de las comunidades autónomas y ciudades españolas sobre este asunto al presidente del Comité Europeo de las Regiones.
En abril de 2022, la Comisión Europea presenta una propuesta de Reglamento. El objetivo final que recalca en su texto es la protección de los productos artesanales e industriales asociados con su región y sus conocimientos tradicionales, con efectos en Europa y asimismo, fuera de Europa.
En el pleno del Comité de las Regiones celebrado en octubre de 2022, Castilla-La Mancha solicita la tramitación simple del reglamento para que la norma pueda materializarse como tarde en el segundo semestre de 2023, coincidiendo con la presidencia española de la UE, permitiendo que los productoras puedan acceder al sello de IGP artesana. Esta regulación va a suponer una mayor seguridad jurídica tanto a los productores como al consumidor, reconocer el valor añadido del producto, así como su valor comercial y cultural y proteger a los productores de las falsificaciones y la competencia desleal.
