La Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha regula, en su artículo 66, la evaluación del desempeño de los empleados públicos como un procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o logro de resultados de cada funcionario o funcionaria.
Los sistemas de evaluación del desempeño deben adecuarse, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación.
En concreto, en el ámbito docente, una resolución de diciembre de 2018 establece el procedimiento de evaluación para que los resultados sean tenidos en cuenta de modo preferente en los concursos de traslados y en la carrera docente. Se determinan los puestos y las tareas objeto de evaluación.
La evaluación de los docentes se plantea con una triple finalidad: la formativa, para mejorar la práctica profesional; la de reconocimiento profesional, utilizada como mérito o requisito en procesos de concurso, traslados y promoción; y, en tercer lugar, la determinación de la competencia docente, en la valoración de la fase de prácticas de los procesos selectivos y en la evaluación del ejercicio profesional.
En la administración general, los procesos de promoción interna directa en el puesto para diversos cuerpos y escalas vienen establecidos en las Ofertas de Empleo Público. Se han reservado un total de 330 plazas en el período 2015-2019.
También, el Gobierno regional ha convocado y resuelto tres concursos generales de méritos con más de 2.100 plazas vacantes para favorecer la promoción interna del funcionariado y la conciliación de su vida personal y laboral y ha convocado un concurso de traslados para la provisión de 858 puestos de trabajo pertenecientes a diferentes escalas, que llevaban cuatro años sin convocarse.
Además, el reconocimiento profesional de los empleados públicos es objeto de mérito y valoración. En las dos últimas ediciones de los Premios a la Excelencia y a la Calidad en la prestación de los Servicios Públicos en Castilla-La Mancha, convocados en 2018 y 2019, incorporan que la obtención del premio en cualquiera de sus modalidades sea tenida en cuenta en el expediente de quien recibe el premio, a efectos de su valoración como mérito en los sistemas de provisión que así se determinen, según se prevea en la respectiva norma reguladora.
A través de los Planes Formativos para el empleo público, el Gobierno regional pretende contribuir al desarrollo de las competencias profesionales de las plantillas y de su carrera profesional y adaptar las aptitudes de las y los trabajadores a los nuevos retos que exige una Administración moderna e innovadora. A este respecto, desde el inicio de la legislatura se ha ofrecido a los empleados públicos de la región una oportunidad para seguir formándose a través de más de 800 cursos.
