Desde 2015, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha adoptado un conjunto de medidas para impulsar la recuperación de los servicios públicos, que se han materializado la mayor parte de ellas en tres grandes pactos suscritos con los representantes de los más de 70.000 trabajadores y trabajadoras de la Administración regional.
Así, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publicó el 3 de marzo de 2016 el Acuerdo de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de Castilla-La Mancha suscrito el 1 de febrero de 2016, en el que se recoge la recuperación de los derechos y mejora de las condiciones de trabajo de las empleadas y empleados públicos para el período 2015-2019. Un acuerdo que incluye también la aprobación de ofertas de empleo público utilizando las tasas de reposición máximas establecidas por el Estado anualmente, a fin de blindar las plantillas de los servicios públicos fundamentales.
El 6 de octubre de 2017 se aprobó, con el respaldo unánime de los sindicatos, el nuevo convenio colectivo para el personal laboral de la Administración de la Junta, del que se benefician unos 7.500 trabajadores de la Junta de Comunidades, que ha supuesto el segundo gran acuerdo de la legislatura en materia de negociación colectiva.
El 24 de mayo de 2018, el Gobierno regional y los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación de los empleados públicos han aprobado el II Plan Concilia, que es tercer gran acuerdo que el Gobierno de Castilla-La Mancha alcanza con los sindicatos de la función pública, y que incorpora mejoras en el ámbito de la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de las empleadas y empleados públicos de la Administración regional.
La política de recuperación de los servicios públicos llevada a cabo por el Gobierno regional, a través del diálogo social, que se ha recuperado, está teniendo un impacto positivo en el empleo público, siendo la plantilla de 75.063 efectivos en mayo de 2019, los que han visto mejoradas sus condiciones laborales y retributivas.
Asimismo, se ha alcanzado un acuerdo por la estabilidad en el empleo, que beneficia a los 30.000 trabajadores de las empresas adjudicatarias de la Junta.
