En el proceso de elaboración se optó por cambiar su denominación y se eligió por considerarlo más idóneo el de Ley de Economía Circular de Castilla-La Mancha, con la intención de incorporar al ordenamiento jurídico de la región los principios de la economía circular en distintos sectores, en armonía con las nuevas medidas de la Unión Europea.
Se entiende como economía circular el modelo económico que se incluye en el marco del desarrollo sostenible y que optimiza el uso de los recursos naturales, cierra los ciclos de agua, energía y materia, minimiza los impactos ambientales, y fomenta la eficacia al conseguir que los productos y recursos mantengan su utilidad y valor el mayor tiempo posible. Por tanto, se trata de cambiar los mecanismos de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, reduciendo el consumo de materias primas, energía y recursos, y a su vez evitando emisiones y pérdidas materiales. El patrón actual de crecimiento económico se ha revelado insostenible, y eso hace necesario sustituirlo por un modelo de desarrollo basado en el uso óptimo de recursos, materias y productos, reduciendo al mínimo la generación de residuos. Se trata de conseguir el máximo valor y uso de todos los recursos, productos y residuos, fomentando la gestión racional y sostenible de los mismos, promoviendo su reducción, reciclaje, reutilización y valorización, el ahorro energético y reduciendo las emisiones de gases contaminantes y de efecto invernadero. Para ello, es imprescindible abarcar la totalidad del ciclo de vida del producto, desde la producción hasta el consumo, pasando por la gestión de residuos y el mercado de materias primas secundarias. También es un factor clave el comportamiento de las personas consumidoras, por las implicaciones que tienen las decisiones diarias, fomentado un consumo consciente y responsable.
En el proceso de tramitación de la norma, fue presentada en tres ocasiones al Consejo Asesor de Medio Ambiente. Y tras la apertura del periodo de información pública el 19 de octubre de 2018, se presentaron alegaciones que tuvieron respuesta en el informe de 7 de diciembre de 2018 y, de forma individualizada, el 21 de diciembre de 2018.
En 2019, tras el informe del Gabinete Jurídico de la Junta, la memoria económica, el Consejo de Gobierno toma en consideración el anteproyecto el 5 de febrero y lo remite al Consejo Consultivo con carácter urgente a fin de poder culminar la tramitación en las Cortes en ese periodo de sesiones. El 26 de febrero de 2019, el Consejo de Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Economía Circular y lo remite a las Cortes. Finalmente es aprobada el 29 de noviembre de 2019.
Además, entre las medidas implementadas por el Gobierno regional en favor de una economía sostenible cabe citar las siguientes:
- La presentación en 2015 de la candidatura, en el marco de una convocatoria lanzada por la Comisión Europea, para ser considerada región ‘demostradora’ europea en el ámbito de la economía circular.
- La suscripción con ECOEMBES en 2017 de un convenio de colaboración para la recogida selectiva de residuos y su reciclaje, de manera que el Gobierno regional amplió su compromiso con la recogida selectiva de envases y cartón ubicando contenedores en sus dependencias.
- La puesta en marcha de la Planta CLAMBER de Puertollano, la más puntera de Europa de bioescalado industrial, constituye una apuesta por la economía circular y la I+D+i basada en los recursos naturales de la región. Sus instalaciones están dedicadas al desarrollo de proyectos relacionados con el reciclaje, la reutilización y la biotecnología, apoyándose directamente en la industria agroalimentaria.
