Desde el inicio de legislatura, el Gobierno regional viene revisando minuciosamente todos los planes hidrológicos de cuencas, mostrando su reivindicación sobre algo fundamental para el desarrollo de Castilla-La Mancha, como es el agua. Así lo hemos hecho en los Consejos de Demarcación del Tajo, Júcar, Segura y Guadiana, y en el Consejo Nacional del Agua el 30 de septiembre de 2015 votando en contra de los planes de cuenca ahora vigentes. Y se ha vuelto a realizar en la revisión de los mismos, en las reuniones celebradas entre finales de 2018 e inicio de 2019.
El Gobierno de España, gobernado por el PP, no dio la debida respuesta a las demandas hídricas de Castilla-La Mancha. A pesar de ello, en un nuevo intento de lograr una reforma favorable y justa para esta región, la responsable de Fomento, se reunió el 7 de octubre de 2015 con la ministra del ramo, que mantuvo inmutable su postura. En esta misma línea, se recurrió ante el Tribunal Supremo la aprobación de los Planes Hidrológicos del Tajo, Júcar, Segura y Guadiana. Se pretende luchar con todas las armas jurídicas disponibles ya que es la única manera de que la Justicia pueda revertir el contenido de unos planes hidrológicos absolutamente nocivos para Castilla-La Mancha. Igualmente se han recurrido las cesiones de agua que son de facto trasvases encubiertos.
En este ámbito, destaca la reunión celebrada el 11 de enero de 2017 con la ministra de Agricultura con el objetivo de abordar un Pacto Nacional del Agua. Y en este sentido, el Presidente de Castilla-La Mancha adelantó, tras la última Conferencia de Presidentes, que el Gobierno regional defiende un debate en el que se tenga en cuenta todo el agua, incluyendo no sólo los ríos, sino también el aprovechamiento de los recursos del mar. Del mismo modo, ha anunciado reuniones bilaterales con el Gobierno de la Región de Murcia, recalcando que para Castilla-La Mancha el problema no es Murcia ni sus agricultores, sino la estrategia nula en materia hídrica que ha habido hasta ahora.
Con el cambio de Gobierno a nivel nacional, en junio de 2018, la sintonía entre ambos Gobiernos está cambiando y se vienen acercando posturas de forma manifiesta en torno al agua. Los gestos han sido importantes a diferentes niveles de la Administración. En primer lugar, el 15 de octubre de 2018 se produce una reunión entre el presidente nacional Pedro Sánchez con el presidente autonómico, Emiliano García-Page, donde el agua tuvo un protagonismo especial. García-Page ha subrayado el compromiso del Gobierno para duplicar la capacidad de desalación de agua en el Levante con el horizonte 2020-21 y suavizar el envío de agua al litoral. Y mientras llega ese momento, seguir defendiendo los intereses regionales recurriendo cada trasvase, pues como ha asegurado, si España quiere trasvases tiene que ser de todos los ríos.
En la actualidad, el Gobierno regional está muy atento al nuevo ciclo de planificación hidrológica donde solicitará que se atiendan, de manera adecuada, las necesidades hídricas de Castilla-La Mancha. De hecho, en el mes de mayo y a través de la Agencia del Agua, se han presentado observaciones a los documentos iniciales del ciclo de planificación hidrológica 2021-2027 correspondientes a las demarcaciones del Tajo, Segura, Guadiana y Júcar, con el objetivo común de defender los intereses hídricos y salvaguardar los ecosistemas de Castilla-La Mancha. Las observaciones realizadas ponen de manifiesto las carencias, en cuanto al estudio medioambiental, de la demarcación y el empleo de indicadores adecuados para su evaluación y se echan en falta aspectos como la recuperación de costes medioambientales o la necesidad de abordar un estudio más detallado de las implicaciones del cambio climático en la planificación hidrológica.
