El marco regulatorio del sector eléctrico en España se modificó en 2013 suprimiendo los incentivos económicos a la producción de energía con fuentes renovables que se habían incorporado en la ley de 1997. Esto produjo un parón en la instalación de energías renovables y de autoconsumo.
España y Castilla-La Mancha son territorios que cuentan con abundantes recursos energéticos renovables, por lo que deberíamos ser capaces de aprovechar esta oportunidad para atraer inversiones, recuperar la posición de liderazgo que tuvimos y propiciar que este sector sea un sector estratégico generador de empleo y riqueza.
Por estas razones, en febrero de 2017, solicitamos una reunión de trabajo con el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, para tratar temas como la definición de una estrategia a nivel nacional en materia energética, la planificación de subastas o la modificación de la normativa que traba el desarrollo del autoconsumo energético, entre otras cosas. Una reunión que se produjo el 8 de mayo de 2017, ese mismo día publicábamos una modificación de la normativa por la que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica en la región, de cara a hacer la instalación de estos proyectos más atractiva.
En 2017 el Gobierno de España regula la figura del consumidor vulnerable y medidas de protección al consumidor doméstico, con descuentos entre el 25 y 40% en el precio de la electricidad y se introduce un criterio de renta para acceder al bono social.
Desde el Gobierno regional se han realizado aportaciones al proyecto de ley nacional de cambio climático y transición energética, finalmente aprobada en 2021, que ha influido en un nuevo marco regulatorio del sector eléctrico más igualitario y justo para el conjunto de la ciudadanía.
Consultando la estadística que muestra la evolución del precio medio de la energía eléctrica en España y el porcentaje que representan en la producción las fuentes renovables, se comprueba que en el periodo 2015-2019, el precio final medio del megawatio hora ha pasado de 62,84 euros a 53,41 euros, es decir se ha reducido un 15%, mientras que en el mismo periodo el peso de las renovables se ha elevado 2 puntos porcentuales, ha pasado de representar el 35,2% en 2015 al 37,5% en 2019.
Desde 2019, el Gobierno de España trabaja por transformar el sistema energético, cumplir los objetivos climáticos y abaratar la factura de la luz. El impulso a las energías renovables y el nuevo modelo de subastas son algunas de las medidas puestas en marcha. A ello se suma, que el 24 de junio de 2021, el Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto-ley 12/2021 que adopta medidas tributarias para bajar la factura de la luz. Se reduce el IVA desde el 21% al 10% de forma temporal hasta diciembre de 2021 a los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW. No solo se benefician la práctica totalidad de los hogares sino también el 72,5% de los contratos de suministro de electricidad de empresas y negocios. Se estima un ahorro de más de 857 millones de euros. También la norma suspende el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) entre julio y septiembre, que grava con un 7% los ingresos obtenidos por la venta de la electricidad en el mercado mayorista y se repercute en el precio de dicho mercado y en la factura final.
En septiembre, un nuevo R.D. Ley 17/2021 se incluyen medidas directas sobre el sector minorista del gas y otras que amplían la esfera de protección a los consumidores en situación de vulnerabilidad energética, creando un suministro mínimo vital y se suprimen los impuestos a la producción de energía eléctrica. Y, finalmente, en diciembre, se aprueba el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables.
