La pobreza es un fenómeno multicausal en el que confluyen factores económicos y sociales, por ello la Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social de Castilla-La Mancha 2017-2020 tiene un planteamiento holístico que plantea actuaciones desde distintos ámbitos. Para ello se contempla el desarrollo de itinerarios integrales que incluyen los aspectos laborales, residenciales, sobre la salud y la educación para lograr la autonomía y capacitación personal, familiar y social.
Concluida su evaluación, se han destinado 1.200 millones de euros, sobre los 1.000 millones inicialmente presupuestados, que han beneficiado a cerca de 700.000 personas de la región con las 58 medidas desarrolladas dentro de la primera Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social.
La Estrategia, como compromiso del Gobierno del presidente Emiliano García-Page, se materializó en octubre de 2017 ante las altas cifras de pobreza que teníamos en la región tras la crisis económica y las políticas de austeridad que se desarrollaron en esa época.
Con la implementación de la Estrategia se ha logrado mejorar en los cinco objetivos inicialmente propuestos.
La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) se ha reducido por debajo del 35 por ciento, situándonos en un 29,8 frente a los 26,4 de la media nacional, la tasa de pobreza severa se reduce por debajo del 4 por ciento, frente al 7 por ciento de la media nacional y ha decrecido en un 15 por ciento la tasa de personas menores de 60 años que viven en hogares con baja intensidad de empleo. Con respecto al año 2015, designado para la evaluación de la Agenda 2030, la reducción en Tasa Arope supone que hay 148.000 personas menos en riesgo de pobreza.
La Estrategia se ha visto afectada por varias circunstancias que no estaban presentes cuando se formuló como la pandemia del covid y sus consecuencias socioeconómicas, pues afectaron a la actividad de muchas empresas, pero también las medidas que tanto el Gobierno de España como el de Castilla-La Mancha han puesto en marcha para frenar el impacto económico y social de esta crisis sanitaria, como la implantación de los ERTEs para que muchas personas trabajadoras no perdieran su puesto de trabajo, la prestación del Ingreso Mínimo Vital a las personas con mayores dificultades y tanto las ayudas directas como las financieras a los sectores económicos que se vieron más afectados.
