Desde la aprobación de la Ley 3/19, de 22 de marzo, del Estatuto de las personas consumidoras, y en su desarrollo, se han publicado cuatro normas:
- El Decreto 280/2019, de 23 de diciembre, de los derechos de las personas consumidoras en instalaciones de suministro a vehículos de carburantes y combustibles líquidos o gaseosos o cualquier otro tipo de energía.
- El Decreto 56/2022, de 21 de junio, por el que se crea el Observatorio de Consumo de Castilla-La Mancha, que tiene como objetivo analizar la situación actual del consumo y su evolución prospectiva, con el fin de mejorar la promoción y protección de los derechos e intereses de las personas consumidoras, y servir como herramienta para el desarrollo de las políticas de consumo y como instrumento de recepción de inquietudes, percepciones y expectativas a las acciones y medidas que se adopten al respecto.
- El Decreto 90/2022, de 1 de agosto, por el que se modifica el Decreto 19/2019, de 26 de marzo, por el que se promueven medidas para evitar el desperdicio alimentario y se facilita la redistribución de alimentos en Castilla-La Mancha, reforzando la normativa regional para prevenir el desperdicio alimentario y facilitar la redistribución de los alimentos, adaptando la reglamentación para que no solo se contemple la donación de los excedentes, sino también la valorización de los alimentos en su redistribución posibilitando con el mismo la creación de empleo.
- El Decreto 118/2022, de 25 de octubre, por el que se crea la Comisión Regional para la Coordinación de la Prevención y Erradicación de las Prácticas Comerciales Desleales, cuyo objetivo es que los controles que se desarrollen resulten más eficientes y con un carácter integral, permitiendo una trazabilidad completa en el proceso, desde la producción o fabricación hasta su venta.
Asimismo, están en tramitación decretos de desarrollo de la Ley como los relativos al resarcimiento, al procedimiento electrónico de las hojas de reclamaciones, los sectoriales de talleres de reparación de vehículos automóviles y de centros no sanitarios de estética y cuidado personal, a la soberanía alimentaria, la prevención de la obsolescencia programada o la protección de los derechos de consumidores vulnerables.
Por otro lado, la Consejería de Desarrollo Sostenible publica anualmente el Plan de Inspección de Consumo y Control de Mercado por mandato contenido en el Estatuto de las Personas Consumidoras en su artículo 108.6. El Plan de 2022 incluye 35 campañas con actuaciones de control, inspección y toma de muestras en los ámbitos europeo, nacional y regional. En 2021, gracias a las inspecciones llevadas a cabo, 40.000 unidades de producto fueron retiradas, siendo el 90% procedentes del mercado chino.
En marzo de 2022 se publica en el Diario Oficial el Plan Estratégico de Consumo Responsable de Castilla-La Mancha 2021-2024, incorporando por primera vez nuevos derechos de las personas consumidoras en relación a la sostenibilidad e inclusividad en el ámbito del consumo, integrando las políticas de información y defensa de las personas consumidoras y las propuestas de renovación de los hábitos de consumo que propone el consumo sostenible.
Otra forma de proteger los derechos e intereses de las personas consumidoras es a través de las Juntas Arbitrales de Consumo, que en 2021 aumentaron un 37% los expedientes admitidos a trámite, recibiendo un total de 427 solicitudes de arbitraje. Además, los servicios públicos de Consumo de la Junta y las OMIC atendieron 42.962 consultas, que generaron 16.453 reclamaciones.
Castilla-La Mancha cuenta con un sistema de arbitraje para resolver de forma rápida los conflictos que surjan en materia de consumo, ofreciendo rapidez y gratuidad tanto a las personas consumidoras como a las empresas a la hora de resolver problemas. En Castilla-La Mancha son ya 12.000 las empresas inscritas.
