La defensa de los intereses de Castilla-La Mancha, por encima de intereses partidistas, es la prioridad del Gobierno del presidente García-Page desde su toma de posesión.
Con este objetivo, llevó a cabo una ronda de contactos con los partidos políticos, comenzando por el Partido Popular y Ciudadanos. En estas reuniones se trataron asuntos estratégicos que necesitan un posicionamiento común de todas las fuerzas políticas, como son la financiación autonómica y la política de agua. En este sentido, se acordó poner en marcha un grupo de trabajo formado por el Gobierno y los tres grupos políticos presentes en las Cortes, que se concretó en una nueva ronda de reuniones mantenida en septiembre de 2020 y en la apertura de cuatro espacios de diálogo sobre presupuestos, fondos europeos, agua y conferencias sectoriales convocadas por el Gobierno de España.
También, en el ámbito del diálogo con las diferentes fuerzas políticas, se acordó con Ciudadanos el inicio de las negociaciones para un nuevo Estatuto de Autonomía, que recoja y blinde derechos sociales como la sanidad, la dependencia o la educación.
Y, con motivo de la irrupción de la pandemia por coronavirus, en junio de 2020 se firmó el Acuerdo para la Recuperación de Castilla-La Mancha post covid-19 con el PSOE y Ciudadanos.
La financiación de las políticas públicas, esencial para el mantenimiento y mejora del Estado de Bienestar, está también entre las prioridades estratégicas del presidente. En este sentido, el 4 de febrero de 2020 el Consejo de Gobierno dio luz verde a la adopción de acciones administrativas o judiciales para reclamar las cantidades adeudadas por el Estado correspondientes al pago del IVA de 2017 o la reclamación en materia de financiación por la atención a la dependencia. La primera se ha materializado con la compensación de 168 millones de euros.
Por otra parte, el presidente de Castilla-La Mancha impulsó el 8 de octubre de 2019 la declaración conjunta de la Delegación Española para elevarla al Comité de las Regiones para mostrar la preocupación por la implantación de aranceles por parte del Gobierno de EEUU a los productos alimentarios de origen europeo.
Y en este ámbito de la defensa del producto castellano-manchego, en concreto el producto artesano, se lidera desde 2015 el impulso al reconocimiento de las Indicaciones Geográficas Protegidas para productos no agroalimentarios en la Unión Europea. Un intenso trabajo que está dando frutos, con la propuesta, en abril de 2022, por Comisión Europea, de un Reglamento para proteger la propiedad intelectual de los productos artesanales e industriales.
En materia de agua, el 9 de diciembre de 2020 se firmó junto a los grupos políticos, agentes sociales y representantes de la sociedad civil el Acuerdo de Posición Común en Materia de Agua, que permite defender los intereses estratégicos de la región en materia hidrológica con una sola voz. La Mesa del Agua, en este sentido, se reunió en cinco ocasiones durante 2021.
También en diciembre de 2021 se firma el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo 2021-2024, destinado a abordar los retos más importantes para la superación de la crisis del covid y el impulso al desarrollo económico de la región.
De la misma forma, se ha conseguido que el Ejecutivo central tramite ante la Comisión Europea la petición conjunta de los Gobiernos de Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León para que las provincias de Cuenca, Soria y Teruel sean reconocidas como zonas escasamente pobladas para que puedan acceder a ayudas europeas que pueden alcanzar el 20 por ciento en los costes laborales de las empresas que se instalen en ellas. Tras meses de trabajo conjunto, la UE ha dado su visto bueno a esta petición.
En lo que se refiere a la propuesta de construcción de un cementerio nuclear en la localidad de Villar de Cañas, Cuenca, el Gobierno regional se mantiene firme en su rechazo al proyecto. El presidente regional solicitó en agosto de 2019 a la ministra de Transición Ecológica la clausura definitiva del proyecto, que se encuentra paralizado desde 2018. La apuesta de Castilla-La Mancha son las energías renovables, sector en el que somos potencia.
El Gobierno regional ha defendido los intereses hídricos de la comunidad en el proceso de revisión de los planes hidrológicos de las distintas demarcaciones que nos afectan. En este sentido, tras la aprobación del RD 35/2023, desde otras CCAA han manifestado su oposición y correspondiente recurso lo que ha llevado al Consejo de Gobierno a autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el inicio de las actuaciones necesarias tendentes a personarse en el futuro procedimiento judicial que pudiere incoarse contra dicho Real Decreto.
