El reto demográfico y el desarrollo rural sostenible son acciones prioritarias que han tenido su reflejo en la nueva estructura del Gobierno regional con la creación de la Consejería de Desarrollo Sostenible, que incluye de forma específica una Dirección General de Cohesión Territorial, y con la creación del Comisionado contra el Despoblamiento, este último adscrito a la Vicepresidencia.
Para hacer frente a este desafío demográfico es imprescindible sumar a los esfuerzos del Gobierno los de las instituciones y agentes económicos y sociales de la región, con el objetivo de frenar el despoblamiento y atraer nueva población que garantice la continuidad de la vida en nuestros municipios.
En este sentido, tras la firma del Acuerdo de Concertación para la elaboración del Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha en julio de 2019, en el que se incluye el reto demográfico como uno de sus ejes de actuación, el 28 de febrero de 2020 el presidente de García-Page firma en Brihuega el Pacto contra la Despoblación con los agentes sociales y económicos, los grupos de desarrollo rural y la Federación de Municipios y Provincias, que tiene como objetivo principal la elaboración de una Estrategia Regional contra la Despoblación.
En mayo de 2021 se publica la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, que establece principios de actuación y medidas tendentes a la consecución de un desarrollo integral del medio rural, prestando especial atención a la lucha frente a la despoblación, así como a la garantía de los servicios básicos e igualdad de oportunidades para sus habitantes y propiciar el desarrollo económico y social.
El 14 de diciembre de 2021 el Consejo de Gobierno aprueba la Estrategia Regional frente a la Despoblación en Castilla-La Mancha 2021-2031, que se publica en el Diario Oficial el 23 de diciembre. Tiene una vigencia de 10 años e incorpora un presupuesto total de 3.322 millones de euros. Es fruto de la participación, el acuerdo y el consenso con otras instituciones, los agentes sociales y los procesos participativos abiertos al conjunto de la ciudadanía.
Por último, el 15 de diciembre de 2021 se firma el Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo 2021-2024 entre el presidente de Castilla-La Mancha y los agentes sociales, con 733 medidas pactadas por 276 entidades y asociaciones que representan más de tres cuartas partes de todo el tejido asociativo de la sociedad civil regional, un presupuesto de más de 8.800 millones de euros y ocho ejes de actuación, entre los que hay un eje de cohesión y desarrollo territorial integrador y un eje de retos demográficos y despoblación.
En ese mismo contexto, se ha conseguido que la Unión Europea apruebe la petición conjunta de los Gobiernos de Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León para que las provincias de Cuenca, Soria y Teruel se reconozcan como zonas escasamente pobladas a la hora de acceder a ayudas europeas para el periodo 2021-2027, que pueden alcanzar el 20 por ciento en los costes laborales de las empresas que se instalen en ellas.
Un acuerdo entre regiones que comparten situaciones sociodemográficas comunes que es apoyado expresamente en la declaración institucional del Foro de Santiago, Camino del Consenso celebrado en Santiago de Compostela en noviembre de 2021, en el que las comunidades autónomas de Galicia, Principado de Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha manifiestan su voluntad de consenso y colaboración en la cuestión demográfica ante la definición de un modelo justo de financiación autonómica.
En junio de 2022, el vicepresidente de Castilla-La Mancha ha acudido a la Conferencia del Pacto Rural Europeo para presentar con detalle la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, la primera vez que se ha introducido la política fiscal como instrumento para retener y atraer población. De este modo, se ha defendido en Bruselas la necesidad de acomodar los mecanismos de financiación al coste efectivo de la prestación de servicios sobre el territorio, algo que también considera que debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar los fondos estructurales en la Unión Europea.
