El diálogo y el acuerdo es la seña distintiva del Gobierno de García-Page. Desde julio de 2019, el presidente de Castilla-La Mancha ha suscrito seis acuerdos en tres materias determinantes para la región con los agentes sociales, instituciones y partidos políticos.
En julio de 2019, firmó con los agentes sociales la Declaración Institucional para iniciar la concertación de un Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica de Castilla-La Mancha 2019-2023. En el marco de este proceso de negociación, y con objeto de paliar los daños que a la economía y el empleo está causando la crisis sanitaria producida por el covid-19, firmó un nuevo acuerdo con los agentes sociales en mayo de 2020, de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica, al que se suma el Acuerdo para la Recuperación de Castilla-La Mancha post covid-19, alcanzado por el Gobierno regional con los partidos políticos PSOE y Ciudadanos el 3 de junio de 2020.
En febrero de 2020, rubricó en Brihuega, también con los agentes sociales y con los grupos de desarrollo rural y la Federación de Municipios y Provincias, el Pacto contra la Despoblación de Castilla-La Mancha, que se incluye como eje específico del Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo 2021-2024. En desarrollo de este Pacto, en diciembre de 2021 el Consejo de Gobierno aprueba la Estrategia Regional frente a la Despoblación 2021-2031.
Por otro lado, en materia de agua el 9 de diciembre de 2020 el presidente García-Page firmó junto a los grupos políticos, agentes sociales y asociaciones y colectivos de la sociedad civil el Acuerdo de Posición Común en Materia de Agua de Castilla-La Mancha. Una herramienta fundamental que permite actuar con una sola voz a la hora de defender los intereses estratégicos de la región en este ámbito.
El inicialmente llamado Pacto por el Crecimiento y la Convergencia Económica fue renombrado como Pacto por la Reactivación Económica y el Empleo 2021-2024 en adaptación a la nueva situación provocada por crisis sanitaria y económica del covid. La firma se produce el 15 de diciembre de 2021 entre el presidente y los agentes sociales. Tiene ocho ejes de actuación, 733 medidas pactadas por 276 entidades y asociaciones y un presupuesto de más de 8.800 millones de euros.
La predisposición al diálogo y al acuerdo del presidente de Castilla-La Mancha es una constante en su acción política. En febrero de 2022 ha mantenido encuentros con los partidos políticos con representación parlamentaria para presentarles la propuesta del Gobierno regional ante la nueva financiación autonómica, un asunto clave y determinante, por lo que se ha solicitado su respaldo y apoyo. En definitiva, se trata de sumar fuerzas por el interés de Castilla-La Mancha.
