La Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural, en vigor desde el 1 de junio de 2021, contempla incentivos económicos para la implantación de empresas en el medio rural, así como el apoyo económico y el asesoramiento para la creación de empresas y el autoempleo. En octubre de 2021 se aprueban los criterios de incentivación y las medidas de apoyo a quienes soliciten ayudas en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación según contempla la Ley, que consisten en reservas de crédito en convocatorias de ayudas, incrementos porcentuales de la intensidad de la ayuda o la concesión de puntuación adicional en procesos de concurrencia competitiva.
En diciembre de 2021 se aprueba la Estrategia Regional frente a la Despoblación, el principal instrumento de aplicación de la Ley de Medidas contra la Despoblación, que previamente había sido presentada a las entidades firmantes del Pacto contra la Despoblación. Contempla 196 actuaciones y se estructura en cuatro grandes ejes estratégicos: asegurar el acceso a servicios públicos básicos; propiciar la cohesión económica; avanzar en la cohesión social; y promover la cohesión territorial.
En la línea de los criterios de incentivación recogidos en la Ley y la Estrategia contra la Despoblación se encuentra lo conseguido en Europa por los Gobiernos de Castilla-La Mancha, Aragón y Castilla y León para el periodo de Fondos de Cohesión 2022-2027 para las provincias de Cuenca, Teruel y Soria: reducción del 5% en la cotización de las empresas en los contratos indefinidos existentes; la reducción del 15% en los nuevos contratos indefinidos y la reducción del 20% en los nuevos contratos indefinidos en empresas situadas en municipios de hasta 1.000 habitantes.
En relación con los Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia, en noviembre de 2021 la IV Conferencia Sectorial de Reto Demográfico reparte cerca de 580.000 euros a cada comunidad autónoma para impulsar proyectos innovadores en materia de reto demográfico. En ejecución de estos fondos, en marzo de 2022 se publica la concesión de ayudas directas a los ayuntamientos de Riópar (Albacete), Almadén (Ciudad Real), Quintanar del Rey (Cuenca), Molina de Aragón (Guadalajara) y Belvis de la Jara (Toledo) para la puesta en marcha de espacios coworking.
Otras acciones llevadas a cabo son, por ejemplo, el proyecto europeo Redera+, que desde el inicio de 2020 coordina el Gobierno regional, que persigue generar una red de aprendizaje centrada en la mejora del acceso y la eficacia de la formación profesional en las áreas rurales para fortalecer la inclusión social, la triple sostenibilidad y contribuir a fijar población.
O la convocatoria de ayudas para el desarrollo de actuaciones de rehabilitación energética en viviendas de municipios de menos de 5.000 habitantes, en noviembre de 2021, dotada con 5,5 millones de euros, lo que contribuye a la dinamización de la economía local al tiempo que crea empleo y avanza en los objetivos medioambientales.
Asimismo, en agosto de 2022 se adjudica la puesta en marcha de un programa Competencias Digitales para el Empleo para mujeres preferentemente desempleadas de localidades de menos de 30.000 habitantes, de cara a garantizar la formación e inclusión digital de la ciudadanía en las zonas rurales. Comprende la impartición de formación para cerca de 13.000 mujeres hasta 2023. A ello se une el Programa de apoyo a la mujer rural y urbana, de itinerarios personalizados que combinan acciones para conseguir su inserción laboral.
Y, en 2021, se crea un nuevo programa de formación dual dirigido a la población de zonas escasamente pobladas, en riesgo de despoblación o intermedia agrícola. La primera convocatoria benefició a cerca de 300 personas con una inversión de 3,8 millones de euros. Hay una nueva convocatoria en marcha en 2022.
Asimismo, se está potenciando el desarrollo de proyectos de turismo circular con proyectos en las cinco provincias en marcha.
Y no hay que dejar de mencionar la Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales, que está permitiendo que Castilla-La Mancha lidere la cotitularidad en las explotaciones agrarias, al tiempo que la llegada de las mujeres a la dirección de las entidades que defienden el medio rural, entre otras cosas.
