Protección y calidad ambiental
Defendemos la caza desde sus vertientes económica, social, medioambiental y de desarrollo sostenible del territorio, por eso se regulará atendiendo al sector cinegético en condiciones de igualdad con otros sectores implicados, de tal forma que se garantice que dicha actividad pueda seguir contando con la importancia que tradicionalmente tiene en nuestra región.
La caza es una actividad que se desarrolla en la mayor parte del territorio de Castilla-La Mancha, con amplia repercusión económica, social y medioambiental. El sector cinegético genera más de 6.500 empleos directos con un valor económico de más de 600 millones de euros al año. Hay cerca de 100.000 licencias de caza expedidas y más de 80.000 personas aficionadas a la actividad piscícola.
Al realizarse en el medio rural, soporte del patrimonio natural y biodiversidad de la región, es necesario habilitar los instrumentos específicos que aseguren su protección, así como establecer las condiciones para que las diferentes prácticas cinegéticas, y aquellas agrarias que inciden directamente sobre las anteriores, se realicen de manera compatible con las estrategias y planes de conservación, así como garantizar su compatibilidad con otras actividades que se realizan en el medio natural.
La caza como actividad comercial, deportiva, recreativa y lúdica es practicada por un gran número de personas. Las asociaciones, sociedades y clubes de personas cazadoras distribuidos por la región tienen una trascendencia social de relevancia con un marcado carácter cultural y realizan una importante labor de promoción y vigilancia del medio rural, participando muy activamente en la conservación de los hábitats y especies naturales, así como en la prevención y control de daños producidos por especies cinegéticas.
En 2019 se recuperan los cotos sociales, suspendidos en 2012, para facilitar el ejercicio de la caza en régimen de igualdad de oportunidades con especial atención a las personas cazadoras de la región, y a principios de 2022 el Monte público de Sevilleja de la Jara, gestionado por el Gobierno regional, recibe el Certificado FSC siendo la primera vez que en España se recibe un certificado de estas características.
En 2020, con motivo de la irrupción de la pandemia por coronavirus se lanzan los Protocolos covid-19 con recomendaciones y obligaciones de prevención e higiene para la actividad cinegética y la pesca. También se elabora un documento para resolver las dudas más comunes ante la realización de estas actividades durante el estado de alarma.
Desde 2020 se trabaja para paliar los daños por conejo de monte a los cultivos agrícolas. El tratamiento multidisciplinar es solución. En este sentido, se trabaja con la colaboración con todos los grupos de interés: personas que se dedican a la agricultura, caza, entidades de conservación de la naturaleza y la propia administración. En marzo de 2021 el consejero de Desarrollo Sostenible dio cuenta en las Cortes del trabajo realizado con ASAJA, UPA y COAG en el Plan de Acción contra los daños por sobreabundancia del conejo de monte, donde se analizan las causas y se abordan una serie de medidas que aseguren el equilibrio de la especie en el ecosistema.
Los días 16 a 18 de noviembre de 2020 se organizaron junto al IREC unas Jornadas de trabajo sobre `El Papel de la Caza en la gestión de la sobreabundancia de especies cinegéticas´, sus conclusiones se han difundido en la página web de la Junta de Comunidades.
Con la entrada en vigor del Decreto 15/2022, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de aplicación de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, se consolida el papel de la caza en el territorio como una actividad económica sostenible y como herramienta para la planificación, gestión y puesta en valor del medio natural.
Asimismo, desde el 8 de febrero de 2022 se anula la tasa por expedición de la licencia de caza a todas las personas residentes en Castilla-La Mancha a través de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias de enero de 2022. Una medida que es una extensión de la ya tomada en la anterior legislatura, de supresión de la tasa para las personas mayores de 65 años, lo que benefició en un inicio al 40% de las personas cazadoras de la región.