El Gobierno regional, en su tarea de defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha, ha encomendado al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la presentación de recursos contencioso-administrativos contra cada uno de los trasvases que la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura aprueba que no sean destinados íntegramente al consumo humano.
Entre junio de 2015 y febrero de 2023, el Gobierno regional ha interpuesto 51 recursos al trasvase, de los cuales 25 se han producido desde junio de 2019, sustentados en el incumplimiento del principio de prioridad de la cuenca cedente al no tener en cuenta los requerimientos medioambientales del río Tajo ni garantizar adecuadamente todos sus usos. Además, el Ejecutivo regional muestra su rechazo público a la autorización de nuevos trasvases, decisiones basadas en el Memorando de 2013 que consideramos injustas; pero rechaza recurrir los trasvases destinados al consumo humano para beber.
Desde octubre de 2019 el Gobierno regional alude en cada recurso a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a respetar los caudales ecológicos cuando se hace una planificación en materia de agua, apuntando al Real Decreto 773/2014, que es el que fija la regla de explotación del trasvase.
Los trasvases aprobados en noviembre y diciembre de 2019 de 7,5 hm3 destinados únicamente a consumo humano no han sido recurridos.
El 16 de febrero de 2021 el Consejo de Gobierno adoptó el acuerdo de autorizar al Gabinete Jurídico a personarse en la Audiencia Nacional, en el recurso contencioso nº 529/2020, instado por la comunidad autónoma de la Región de Murcia contra la Orden TEC/1149/2019 contra el trasvase de únicamente 7,5 hectómetros cúbicos de mes de noviembre de 2019.
