En enero de 2020, se modifica la Instrucción Técnica de Planeamiento (ITP) para impulsar el desarrollo económico y el crecimiento de las zonas rurales. La modificación contempla, entre otros aspectos, la ampliación del suelo rústico útil ocupable en un 20% para edificación de uso primario, industrial, hotelero y hostelero, y en un 10% para tiendas y uso recreativo, para permitir el desarrollo económico en las zonas más despobladas. Además, se contempla la reducción de la parcela mínima en lo referente a actividades del sector primario que se desarrollen en parcelas de regadío para facilitar la implantación de pequeñas explotaciones.
Junto a la modificación de la ITP, las Comisiones Regional y Provinciales de Urbanismo intensifican la agilización administrativa de los proyectos económicos que, cumpliendo la normativa legal, requieren de su visto bueno para su puesta en marcha. Cabe mencionar, con especial relevancia, la tramitación de expedientes para la inversión en instalaciones fotovoltaicas, las cuales suponen una fuente de creación de riqueza y de empleo en las zonas rurales, la agilización de inversiones en el sector de la industria agroalimentaria, así como también el impulso de proyectos vitales como el puerto seco de Alcázar de San Juan.
Ejemplo de ello, en la Comisión provincial de Urbanismo de Albacete celebrada el 2 de junio de 2020 se dio luz verde a inversiones privadas por valor de 124 millones de euros y la generación de 350 puestos de trabajo. Se trata de distintos proyectos que se desarrollan en zonas rurales de la provincia y que contemplan una fuerte inversión en energía verde (para el abastecimiento de más de 147.000 hogares) y el desarrollo de distintas empresas del sector agroalimentario.
El 7 de septiembre de 2020, la Comisión Provincial de Ordenación Territorial y de Urbanismo de Cuenca dio el visto bueno a la instalación de un parque eólico en la provincia de Cuenca. La inversión total es de 211 millones de euros y tiene lugar en término municipal de municipios inmersos en la estrategia de reto demográfico en la que trabaja el Gobierno de Castilla-La Mancha, como Atalaya del Cañavate, Tébar, Cañada Juncosa, Honrubia, El Picazo, Pozorrubielos de la Mancha, Villanueva de la Jara, El Peral, Iniesta, Graja de Iniesta y Minglanilla.
Junto a los proyectos mencionados, el 10 de septiembre de 2020 la Comisión Regional de Ordenación Territorial y Urbanismo dio luz verde a la instalación de tres plantas fotovoltaicas en Alcázar de San Juan. El proyecto conlleva una inversión total de 73 millones de euros y la generación de 49,5 MW en cada una de ellas, con funcionamiento de manera independiente.
En total, desde que arrancara la décima legislatura, se han tramitado 2.000 expedientes por valor de más de 3.000 millones de euros en las respectivas comisiones provinciales y regionales que se han celebrado.
Por otro lado, la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios avanza en la tramitación preferente y la agilización y simplificación administrativa de las iniciativas empresariales que atraigan inversiones consideradas estratégicas para Castilla-La Mancha. En base a esta regulación, una parte importante de los proyectos declarados se ubica en zonas rurales.
Por otra parte, se ha aprobado el 12 de febrero de 2021 la Ley 1/2021, de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (Ley SUMA) que planifica el escenario de reactivación económica y de empleo y el desarrollo de los pequeños municipios. Su ámbito de actuación está directamente relacionado con el de la Estratega de Reto Demográfico y el fenómeno de la despoblación en la medida que busca simplificar y agilizar trámites, eliminar trabas o requisitos superfluos con el fin de que las empresas se instalen o amplíen instalaciones, y se reactive el sector de la construcción de la vivienda, especialmente, en pueblos pequeños. La Ley SUMA contempla 60 innovaciones, entre las que recoge una modificación de la fiscalidad existente, de tal manera que permite que los pequeños municipios ofrezcan una menor fiscalidad a proyectos inversores, y que los ingresos generados en los grandes proyectos urbanísticos de las zonas urbanas se puedan destinar a inversiones y programas de lucha contra la despoblación.
