El Gobierno de Castilla-La Mancha, consciente de la importancia que el cambio climático tiene a escala ambiental, social y económica, desarrolla políticas encaminadas a disminuir las emisiones de GEI y la adaptación de todos los sectores socioeconómicos con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de nuestra economía y contribuir a alcanzar los objetivos comunes a nivel nacional y europeo. Según el Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de Castilla-La Mancha 1990-2019, edición 2021 publicado por la Junta de Comunidades, las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la región fueron en 2019 de 18.891,5 kilotoneladas de CO2 equivalente, un 29,4% menos que en 2005.
La transición energética emprendida en Castilla-La Mancha ha permitido disminuir la tasa de emisión por unidad de PIB generada. Mientras en 2005 se emitían más de 800 gramos por cada euro de PIB, en 2019 se emitieron 449 gramos de carbono por cada euro de PIB generado. No obstante, se reconoce la urgencia de dar una respuesta a la amenaza apremiante del cambio climático, de responder a las exigencias de la sociedad y de cumplir los acuerdos adquiridos a escala internacional, conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, algo que se contempla en el marco de la Estrategia regional de Cambio Climático.
Además, el Consejo de Gobierno, previa ratificación del Consejo Asesor de Medio Ambiente compuesto por una amplia representación de la sociedad regional, aprobaba la Declaración de Emergencia Climática en septiembre de 2019, una declaración refrendada por unanimidad por los grupos parlamentarios con representación en las Cortes.
Por otro lado, Castilla-La Mancha se alinea con el Gobierno de España en sus políticas de cambio climático y transición energética, según destacaba el consejero de Desarrollo Sostenible en la reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y Energía convocada por la Vicepresidencia de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en febrero de 2020. Una reunión de todas las comunidades autónomas en la que el Estado presentó el borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
El 14 de diciembre de 2020 tuvo lugar la Mesa Redonda de Cambio Climático y Salud, donde se abordaron temas relacionados con la vulnerabilidad de la población y los sistemas, los impactos del cambio climático y la contaminación atmosférica en la salud, y las respuestas y acciones puestas en marcha por parte de las administraciones, donde las personas con experiencia en la materia pusieron de manifiesto que la salud y el medioambiente son inseparables y que su gestión debe ser coordinada, además de coincidir en la idea de que, en materia de cambio climático, la sectorialización es un problema y es necesario trabajar de forma coordinada y transversal.
EL 16 de abril de 2021 el Gobierno regional publica ayudas de cerca de un millón de euros para que los municipios puedan llevar a cabo actuaciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Una primera línea, de 500.000 euros, va destinada a los de entre 50.000 y 100.000 habitantes para diseñar e implantar zonas urbanas de bajas emisiones dentro de las ciudades, así como la instalación de sistemas de movilidad sostenible; y la segunda línea de ayudas, de 525.000 euros, va dirigida a los de menos de 100.000 habitantes, para financiar actuaciones piloto de carácter innovador en espacios urbanos y periurbanos que prevengan los riesgos asociados al cambio climático.
Una vez concedido el crédito convocado, los ayuntamientos cuentan con el plazo de 30 meses para llevar a cabo las inversiones. Esto va a permitir, además del establecimiento de zonas de bajas emisiones, el desarrollo de proyectos como bosques urbanos, captación de aguas pluviales, adecuación paisajística, huertos comunitarios, instalación de nidales, creación de cascada de agua con paso peatonal por debajo y la naturalización de patios de colegios, por ejemplo.
Por otro lado, el 29 de abril de 2021 se crea el Foro de expertos de economía circular, que analiza las barreras legales, económicas, técnicas o de cualquier otra índole que impiden o dificultan el desarrollo de una economía circular en la región y el avance en materia de sostenibilidad, diseñando acciones de respuesta.
