El Gobierno de Castilla-La Mancha ha desarrollado desde 2018 a 2022 el III Plan de Formación Profesional, que supuso una inversión de más de 1.238 millones de euros. De esa inversión, 323 millones se destinaron a la formación profesional para fomento del empleo, lo que significa que uno de cada cuatro euros se han destinado a beneficiar a 114.000 personas, siendo el 56 por ciento de ellas mujeres.
Una vez finalizada su vigencia, se trabajó en el diseño y puesta en marcha del IV Plan de Formación Profesional de la mano de los agentes sociales. Prueba de ello es la reunión mantenida el 6 de julio de 2024 en el seno de la Comisión Permanente de Formación Profesional, dentro del marco del Consejo del Diálogo Social, para avanzar en la elaboración del IV Plan, que tiene como misión potenciar las capacidades de este tipo de formación, herramienta fundamental para la empleabilidad.
El 30 de octubre de 2024 da comienzo el proceso participativo sobre el IV Plan, para que la ciudadanía pueda realizar aportaciones. En el Portal de Participación de Castilla-La Mancha se ofrecía un borrador del Plan. Durante la fase de participación se cumplimentaron 125 encuestas con 1.134 visitas.
El 17 de diciembre de 2024 el Consejo de Gobierno aprueba el IV Plan de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, Horizonte 2030. Tiene como objetivo mejorar la empleabilidad, competitividad y cohesión social en Castilla-La Mancha, alineándose con marcos estatales y europeos. Se enfoca en adaptar la FP a los cambios demográficos, tecnológicos y hacia el desarrollo sostenible, fortaleciendo el sistema productivo, la inclusión social y la cohesión territorial.
El 18 de diciembre de 2024 se presentó el Plan en el Palacio de Fuensalida de Toledo, dotado con 2.000 millones de euros (duplicando prácticamente el presupuesto inicial del plan anterior), con 4 estrategias, 2 proyectos motores, 16 ámbitos del trabajo y 40 acciones, con la mirada puesta en 2030 para dar respuesta satisfactoria a muy diversos públicos y muy distintas necesidades en un entorno de cambios, y en el que priman las inquietudes formativas de la ciudadanía y las demandas del tejido empresarial.
