La Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social de Castilla-La Mancha, herramienta aprobada en 2017 con vigencia hasta 2020, cuenta con un presupuesto de más de mil millones de euros y la implicación de todos los departamentos del Gobierno regional. Entre sus objetivos contempla reducir el número de personas en situación de pobreza severa y el porcentaje de población en riesgo de exclusión social, así como garantizar un nivel de renta que permita unos estándares de vida dignos a la población. Sus tres ejes incluyen 58 medidas a desarrollar para paliar la pobreza económica (eje 1), para prevenir la pobreza (eje 2) y medidas de eficacia y gobernanza (eje 3). El balance final de la ejecución de la Estrategia arroja una inversión de 1.200 millones de euros y 700.000 personas beneficiarias.
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (indicador AROPE) se sitúa en 2015 en Castilla-La Mancha en el 36,7%. En 2019, este indicador desciende hasta el 30,7%, 6 puntos, reduciéndose la distancia con la media nacional en casi tres puntos (de ocho puntos por encima a 5,4). En 2020 es del 29,8%, según datos publicados por el INE en julio de 2021.
En cuanto a la carencia material severa, esta se reduce del 8,5% de 2015 al 7,4% de 2019. Y al 3,1% en 2020. Evolución que anima a continuar redoblando esfuerzos por la población más vulnerable.
En este sentido, y de cara a seguir haciendo descender los índices de pobreza y exclusión social en la región, se emplean distintos elementos interrelacionados como es el desarrollo del Modelo de Servicios Sociales y el Plan Estratégico de Servicios Sociales, cuyo proceso de participación pública finalizó en febrero de 2022, que tiene como finalidad diseñar racional y eficientemente las medidas, actuaciones y recursos necesarios para cumplir los objetivos del Sistema Público de Servicios Sociales.
Además, durante la pandemia de covid-19, el Gobierno de España pone en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV) como una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. Desde su puesta en marcha hasta junio de 2022, 47.928 personas han sido beneficiarias del IMV en Castilla-La Mancha.
