El Gobierno de Castilla-La Mancha está ampliamente comprometido con el acceso y el aumento de la vivienda en nuestra región. Para ello, pretende actuar a través del suelo, aumentando su cambio de uso para aumentar el suelo residencial.
Esta facilitación de cambio de uso del suelo fue presentada en el Plan de Acción por la Vivienda 2026-2030 en el Debate de Estado de la Región de 2026 por el presidente del Ejecutivo regional. Este programa está planteado para un horizonte temporal de cuatro años.
El 6 de mayo de 2026, la Junta de Comunidades presentó su Agenda de Acción por la Vivienda. En el documento se establecieron las líneas de trabajo que el Gobierno de Castilla-La Mancha se compromete a llevar a cabo para la mejora de la problemática de la vivienda y su acceso a ella. En su Pilar IV, titulado 'Modificaciones normativas e instrumentos jurídicos necesarios en materia de urbanismo para facilitar la disponibilidad de suelo', el Gobierno regional se compromete a realizar una reforma integral con el fin de agilizar y asegurar la oferta de suelo residencial. Por ello, propone facilitar el cambio de uso del suelo para aumentar el suelo residencial.
Se pretende simplificar los trámites administrativos necesarios para el cambio de uso de parcelas dotacionales que están destinadas a un uso de servicios e infraestructuras públicas, como escuelas, hospitales, parques, vías públicas o instalaciones deportivas, para destinarlas a uso residencia, siempre que se justifique adecuadamente que no hay necesidad de equipamientos por parte del ayuntamiento.
La Ley 4/2026, de 7 de mayo, de medidas urgentes en materia de acceso a la vivienda y suelo de Castilla-La Mancha da cobertura normativa al cambio de uso del suelo público para aumentar el suelo residencial. En concreto, facilita que suelos públicos destinados a equipamientos puedan utilizarse para vivienda dotacional pública y asequible, sin perder la titularidad pública del suelo y preservando usos esenciales como zonas verdes, zonas de juegos y espacios peatonales. De esta forma, la ley permite aprovechar parcelas ya existentes, evita depender solo de nuevos desarrollos urbanísticos y crea una vía más ágil para generar vivienda pública, especialmente en alquiler o fórmulas de uso temporal.
