El reto demográfico es uno de los desafíos transversales del Gobierno de Castilla-La Mancha. Así, para abordar esta realidad que afrontan un amplio número de municipios, es fundamental contar también con legislación adaptada y actualizada, que fomente y permita el desarrollo económico y ordenado de las zonas menos pobladas de la región.
Por ello, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha existe el compromiso de ahondar en una mejora de las normativas urbanísticas que tienen estos municipios. A día de hoy hay 290 municipios en la región que no cuentan con un plan urbanístico propio, y se rigen por normas subsidiarias que están desfasadas. Por ello, el Gobierno regional está trabajando ya en la redacción de una nueva norma técnica de planeamiento que refunda las normas subsidiarias y aporte mayor seguridad jurídica a estos municipios así como también más facilidades a la hora de poder desarrollarse urbanísticamente.
El Plan Anual normativo del Gobierno de Castilla-La Mancha para el año 2025, aprobado el 27 de diciembre en Consejo de Gobierno, contempla la aprobación de esta norma. Concretamente, el Decreto de norma técnica de planeamiento para la regulación de suelo rústico y la sustitución de las normas subsidiarias provinciales.
El 6 de mayo de 2026, la Junta de Comunidades presentó su Agenda de Acción por la Vivienda. En el documento se establecieron las líneas de trabajo que el Gobierno de Castilla-La Mancha se compromete a llevar a cabo para la mejora de la problemática de la vivienda y su acceso a ella. En su Pilar IV, titulado 'Modificaciones normativas e instrumentos jurídicos necesarios en materia de urbanismo para facilitar la disponibilidad de suelo', el Gobierno regional se compromete a realizar una reforma integral con el fin de agilizar y asegurar la oferta de suelo residencial. En materia de aprobación normativa y técnica propone la 'Norma Técnica de Planeamiento'.
Con esta norma, el Gobierno regional dota de reglas claras, homogéneas y actuales a los municipios sin planeamiento, para garantizar seguridad jurídica, proteger los pueblos tradicionales y permitir una gestión urbanística básica mientras no se aprueben planes municipales. Permite, en concreto construir, rehabilitar y dividir parcelas dentro del núcleo tradicional; mejorar calles, redes y servicios sin necesidad de plan general; regularizar situaciones históricas razonables; y dar una respuesta ágil a la pequeña actividad urbanística local.
