Castilla-La Mancha se mantiene como la tercera comunidad autónoma que más ha reducido el peso de su deuda pública en relación con su producto interior bruto (PIB) desde el segundo trimestre de 2015, según los datos publicados por el Banco de España correspondientes al segundo trimestre de 2024, pasando de representar el 36 % del PIB en junio de 2015 al 30,8 % de junio de 2024. Esto se traduce en una reducción total del peso de la deuda de 5,2 puntos porcentuales, cifra solo superada por Navarra (que tiene régimen foral de financiación) e Islas Baleares, superando en más de tres puntos porcentuales a la evolución del conjunto de comunidades autónomas, que la ha reducido en 1,8 puntos en el mismo período. Además, desde junio de 2023 se ha reducido ocho décimas (del 31,6% al 30,8%) en Castilla-La Mancha.
De esa forma, el Ejecutivo está haciendo compatible mantener unas finanzas públicas saneadas con el compromiso de no escatimar recursos públicos para atender a los colectivos más vulnerables e impulsar la actividad económica.
Los presupuestos generales de Castilla-La Mancha para 2024 son unas cuentas equilibradas, sin incurrir en déficit y contemplan generar un ahorro público de 432 millones de euros, lo que prácticamente duplica el ahorro producido en 2023, sin recurrir al endeudamiento para financiar el conjunto de políticas públicas.
En cuanto a las cuentas para 2025, se inicia un nuevo ciclo presupuestario con la publicación de la orden sobre las normas de elaboración de los Presupuestos y la posterior aprobación en Consejo de Gobierno del límite de gasto no financiero, por un importe de 8.315 millones de euros, lo que supone una variación del 4,5 por ciento respecto a 2024. Un incremento que se hace aprovechando la estabilidad política de la que goza la región y en un escenario macroeconómico positivo, que ha hecho posible mantener el nivel de endeudamiento en los límites que venían registrándose desde que se aprobó el primer presupuesto en 2016. Estas cuentas tienen como prioridades reforzar el blindaje de los servicios y prestaciones vinculados al estado del bienestar, además de impulsar la actividad económica y el empleo. El límite de gasto no financiero se aprueba en las Cortes regionales el 5 de septiembre.
En este sentido, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) avala, por su grado de realismo, las previsiones macroeconómicas que ha elaborado el Gobierno regional para sustentar los presupuestos para 2025, con unas estimaciones de crecimiento del PIB del 2 por ciento que se encuentran alienadas con lo previsto por la propia AIReF, así como la senda de evolución de la economía regional planteada para el periodo 2024-2028, que se encuentra igualmente dentro del abanico de previsiones del organismo.