El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital defendió, en el marco de la Comisión General de las Comunidades Autónomas celebrada en el Senado el 28 de noviembre de 2023, que sea el Consejo de Política Fiscal y Financiera el que resuelva cual es la metodología más adecuada para hablar de un nuevo modelo de financiación autonómica así como la fórmula más apropiada para determinar el volumen de condonación que corresponde a todas o a cada una de las comunidades autónomas.
Además, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el 11 de diciembre de 2023 incidió en la necesidad de que, en el marco de la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, las regiones dispongan de un mayor volumen de recursos que les permita financiar los servicios públicos fundamentales.
En este sentido, el Gobierno regional reitera, en febrero de 2024 en las Cortes regionales, su postura a favor de que en el nuevo modelo de financiación autonómica que se negocie haya una reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas infrafinanciadas y un fondo transitorio que, en el caso de Castilla-La Mancha, en base a las previsiones con las que ha trabajado el Ejecutivo autonómico, sería de un mínimo de 2.200 millones de euros y el máximo posible.
Por otro lado, citamos el informe de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), publicado en enero de 2024, que concluye que con el actual modelo de financiación hay cuatro comunidades más perjudicadas - Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha -. Así, cada una de ellas está reivindicando un nuevo modelo con sus particularidades, como en el caso de Castilla-La Mancha ese fondo transitorio mientras se aprueba el nuevo modelo.
También, con fecha 4 de abril de 2024, el presidente García-Page ha enviado un escrito al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamando que en la próxima Conferencia de Presidentes se apruebe de manera consensuada un compromiso de Estado, con el principal objetivo de que se aplique de manera efectiva en España el principio de lealtad institucional que debe primar entre las distintas administraciones públicas en el ámbito financiero. Todo ello, para que cuando la Administración del Estado apruebe una decisión que conlleve gasto público o merma de ingresos, se garantice una suficiencia financiera para que no afecte nunca a la capacidad de las regiones para ofrecer unos servicios públicos de calidad como demanda la ciudadanía, teniendo en cuenta que la merma anual para las finanzas de Castilla-La Mancha asciende por término medio a 280 millones de euros.
En mayo de 2024, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha reiterado, el el marco de las XI Jornadas RIFDE sobre Finanzas Autonómicas, la necesidad de crear un fondo transitorio y abordar la reestructuración de la deuda como medidas previas ante la falta de un nuevo sistema de financiación autonómica.
