Impulsar el Diálogo, la Cooperación y el Acuerdo
Abordaremos la reforma del Estatuto de Autonomía para blindar derechos y adecuar las instituciones a una sociedad más dinámica y participativa. Hemos de dar una respuesta a las nuevas necesidades sociales, adecuándolo a los nuevos tiempos, blindando derechos como la sanidad, la educación y los servicios sociales, garantizándonos la financiación precisa para prestar adecuadamente los servicios públicos.
El Grupo Parlamentario Socialista registra en las Cortes Regionales la Proposición de Ley de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
El vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, señala que el texto ha sido diseñado para garantizar los derechos de la ciudadanía e impulsar la prestación y garantía de los servicios públicos, así como para defender una financiación regional que tenga en cuenta la realidad demográfica y geográfica del territorio y, por tanto, que garantice el coste efectivo de los servicios públicos.
El 11 de julio de 2024, el Consejo de Gobierno da su conformidad a la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha durante la sesión extraordinaria celebrada en el Palacio de Fuensalida.
La tramitación parlamentaria comienza el 18 de julio de 2024 con la toma en consideración por el pleno de las Cortes regionales de la Proposición de Ley y finaliza una vez sea aprobado por el Congreso de los Diputados.
El texto del nuevo Estatuto de Autonomía de la región cuenta con el compromiso de apoyo de los grupos parlamentarios del PP y PSOE en las Cortes Generales, aunque el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha señala que el objetivo es poder sumar el respaldo de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios.
Durante su intervención, el vicepresidente primero manifiesta que el acuerdo con el principal partido de la oposición en Castilla-La Mancha incluye, además, la modificación del Reglamento de las Cortes Generales, blindando los derechos de diputados/as y grupos parlamentarios.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la inauguración de las obras de rehabilitación y refuerzo de la carretera entre las poblaciones de Almadén y Chillón, manifiesta su confianza en el nuevo estatuto de autonomía para atraer a la región a más de medio millón de habitantes en los próximos veinte años.
Las Cortes regionales inician la tramitación del nuevo Estatuto de Autonomía con el debate de la toma en consideración de la Proposición de Ley. En su intervención, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, manifiesta su 'orgullo' por la labor que realizada por los grupos parlamentarios que apoyan el nuevo texto y reitera el compromiso de su Gobierno con la defensa de los intereses regionales.
El 29 de mayo de 2025, las Cortes regionales aprueban la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha con el apoyo de los diputados de PSOE y PP y designan las personas comisionadas para su defensa en el Congreso de los Diputados. Se inicia el trámite para su debate y aprobación en el Congreso de los Diputados.
El texto aprobado refuerza los derechos y libertades, destaca la igualdad de género, garantizando la igualdad de oportunidades, la protección de los más vulnerables y la promoción de un desarrollo equitativo y sostenible en todo nuestro territorio, también en las zonas rurales y con problemas de despoblación, así como en todos los ámbitos de la vida social, económica y política.
Se amplían las competencias de Castilla-La Mancha para reflejar la realidad de la comunidad, en consonancia con la estructura constitucional y la relación de delegaciones y transferencias adoptada a lo largo de estos más de cuarenta años. El desarrollo rural, la protección ambiental y las competencias en materia de Educación, Sanidad, e Investigación e innovación tecnológica, para otorgarles la importancia que tienen en un Estado del Bienestar como el nuestro.
Se blinda una financiación justa para Castilla-La Mancha, garantizando los recursos suficientes para hace frente al adecuado ejercicio del autogobierno. Se incorpora la garantía de igualdad con otras comunidades y que se tengan en cuenta factores específicos como son las características de la población, dispersión geográfica y la baja densidad para el reparto de los fondos.