La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se ha personado en los procedimientos judiciales emprendidos por las instituciones usuarias del trasvase en contra de los caudales ecológicos fijados en la nueva planificación hidrológica: Generalitat Valenciana, Canal de Isabel II, Ayuntamiento de Dolores, Ayuntamiento de Elche, Ayuntamiento de San Miguel de Salinas y Ayuntamiento de Montesinos.
Asimismo, se ha personado como parte afectada ante los 4 recursos interpuestos por la Comunidad Valenciana y por el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS) contra los trasvases autorizados de junio, julio, agosto y septiembre de 2023, que aprobaron volúmenes inferiores a los 20 hm3 máximos en nivel 3 de los embalses de Entrepeñas y Buendía.
Los tribunales de Justicia han dado la razón a Castilla-La Mancha en el recurso que presentó la Región de Murcia contra el trasvase de 14 hm3 aprobado en agosto de 2021, condenando en costas al demandante. Recientemente está en curso un recurso del mismo tenor interpuesto por la Comunidad Valenciana, relativo al trasvase autorizado de 18 hm3 en el mes de octubre de 2023.
El 5 de junio el Tribunal Supremo desestima el recurso interpuesto por la Comunidad Valenciana contra el Real Decreto 35/2023, que aprueba la revisión de los planes hidrológicos, procedimiento en el que Castilla-La Mancha ha intervenido como parte demandada.
En abril de 2025, el presidente insiste en la modificación de las reglas de explotación del trasvase de forma urgente, los datos técnicos, las sentencias judiciales y las directivas europeas empiezan a dar resultados.
En mayo de 2025, una nueva sentencia del Tribunal Supremo sobre el trasvase Tajo-Segura obliga a aplicar de forma inmediata los caudales ecológicos del río Tajo, anulando el escalonamiento previsto hasta 2027 en el Plan de Cuenca del Tajo. Esta sentencia da la razón parcialmente a la Plataforma en defensa de los ríos Tajo y Alberche y al Grupo de Acción para el Medio Ambiente. El presidente de Castilla-La Mancha ha celebrado esta sentencia como un aval a las reivindicaciones de Castilla-La Mancha. Ya son seis las sentencias del Alto Tribunal para el establecimiento de caudales en el río Tajo.
En la reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Tajo, celebrada el 24 de junio de 2025, el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Agencia del Agua, ha reclamado la aplicación de la última sentencia relativa a los caudales ecológicos y el plan de actuaciones en la nueva planificación del Tajo en la que se está trabajando en estos momentos y en la que ha presentado las propuestas, observaciones y sugerencias a los documentos iniciales del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) de la Demarcación Hidrográfica del Tajo.
En septiembre de 2025 el Presidente García-Page ha asegurado que su Gobierno y él mismo están dispuestos a acciones procesales para que se cumpla la entrada en vigor de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
El 7 de octubre de 2025 la portavoz del Gobierno regional exige de nuevo a la administración estatal que ejecute las seis sentencias del Tribunal Supremo que obligan a respetar los caudales ecológicos del río Tajo.
