El Gobierno regional trabaja en la elaboración de una nueva Ley de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, de cara a actualizar la Ley 1/1994, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras Arquitectónicas adaptando la regulación a los nuevos tiempos y modernizando las condiciones de la accesibilidad física, cognitiva o sensorial.
En este sentido, en enero de 2023 se lanza una consulta pública previa sobre el anteproyecto, que obtiene 46 aportaciones en un formulario de respuesta abierta.
Reforzando este compromiso, el presidente de Castilla-La Mancha, durante la visita de junio de 2024 a entidades sociales en Escocia, indicó que la nueva Ley de Accesibilidad persigue apuntalar la red y el sistema de protección social en la Comunidad Autónoma.
El Plan Anual Normativo de 2025 del Gobierno regional contempla esta iniciativa legal y el proceso participativo de este proyecto normativo.
Con el objetivo de agilizar e impulsar la iniciativa, el Consejo de Gobierno nombra, el 11 febrero de 2025, un comisionado para la accesibilidad, adscrito a la Vicepresidencia Segunda, para coordinar de manera transversal las políticas de accesibilidad, iniciando los trabajos para aprobar una ley de accesibilidad universal antes de que concluya la legislatura. En este sentido, se está hablando con todos los actores implicados para recabar opiniones y sugerencias e incluirlas en el borrador del anteproyecto de ley. Entre las entidades que colaboran con el Gobierno regional se encuentran ONCE, CERMI y Plena Inclusión.
El objetivo es que la Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha se adapte a la nueva normativa europea, que entró en vigor en junio de 2025, e incluir medidas para garantizar el acceso de todas las personas, sin excepción, a la cultura, la lectura y el deporte. El compromiso del Gobierno regional es plantear en 2026 la aprobación de la Ley de Accesibilidad Universal.
