El Gobierno regional trabaja en la elaboración de una nueva Ley de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, de cara a actualizar la Ley 1/1994, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras adaptando la regulación a los nuevos tiempos y modernizando las condiciones de la accesibilidad física, cognitiva o sensorial.
En este sentido, en enero de 2023 se lanza una consulta pública previa sobre el anteproyecto, que obtiene 46 aportaciones en un formulario de respuesta abierta.
Reforzando este compromiso, el presidente de Castilla-La Mancha, durante la visita de junio de 2024 a entidades sociales en Escocia, indicó que la nueva Ley de Accesibilidad persigue apuntalar la red y el sistema de protección social en la Comunidad Autónoma.
Con el objetivo de agilizar e impulsar la iniciativa, el Consejo de Gobierno nombra, el 11 febrero de 2025, un comisionado para la accesibilidad, adscrito a la Vicepresidencia Segunda, para coordinar de manera transversal las políticas de accesibilidad, iniciando los trabajos para aprobar una ley de accesibilidad universal antes de que concluya la legislatura. En este sentido, se está hablando con todos los actores implicados para recabar opiniones y sugerencias e incluirlas en el borrador del anteproyecto. Entre las entidades que colaboran con el Gobierno regional se encuentran ONCE, CERMI y Plena Inclusión.
El objetivo es que la Ley de Accesibilidad Universal de Castilla-La Mancha se adapte a la nueva normativa europea, que entró en vigor en junio de 2025, e incluir medidas para garantizar el acceso de todas las personas, sin excepción, a la cultura, la lectura y el deporte. El compromiso del Gobierno regional es plantear en 2026 la aprobación de la Ley de Accesibilidad Universal.
En diciembre de 2025, Castilla-La Mancha pide en Bruselas más inversión, recursos y una normativa europea clara que garantice la accesibilidad universal. La delegación castellanomanchega participó también en una jornada de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) del Parlamento Europeo, centrada en el apoyo de calidad para personas con discapacidad y para quienes ejercen labores de cuidado.
En febrero de 2026 se celebran en la Escuela de Administración Regional las jornadas participativas para la elaboración de la nueva Ley de Accesibilidad Universal, paso fundamental para la redacción definitiva de la ley. Un encuentro de trabajo que reunió a más de 200 personas representando a colectivos, entidades, sector privado, administraciones públicas y universidades, entre otros. El objetivo es crear una ley que logre el máximo respaldo, no solo parlamentario, sino sobre todo social.
Durante las jornadas se repartió a las personas asistentes un cuestionario de recogida de aportaciones, cuyas opiniones se están incorporando al borrador de la Ley.
