La vivienda rural constituye un elemento clave para garantizar la cohesión territorial, el equilibrio demográfico y la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía, con independencia del lugar de residencia. En los municipios de menor tamaño y alta dispersión territorial, el acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible es un factor determinante para favorecer la permanencia de la población, atraer nuevas personas residentes y dinamizar la actividad económica y social. La consolidación de un parque residencial suficiente y adaptado a las características de la vida en los pueblos resulta esencial para combatir la despoblación y promover la fijación de proyectos de vida estables.
El consejero de Fomento anuncia en las Cortes de Castilla-La Mancha la creación de una nueva normativa en materia de vivienda rural protegida, una tipología que responde a las singularidades propias de la vida en los municipios de ámbito rural. Según ha avanzado, se trata de una categoría de vivienda protegida 'con mayores dimensiones que la VPO', y que permita ofrecer un modelo adecuado a la realidad rural. Esta nueva definición normativa facilita la promoción de viviendas adaptadas a las condiciones tradicionales de los pueblos, fomentando así su habitabilidad y atractivo.
Con ello, se contribuye al objetivo estratégico de fortalecer la viabilidad demográfica, mejorar el acceso a la vivienda y garantizar un desarrollo territorial sostenible, inclusivo y coherente con la realidad de Castilla-La Mancha.
