El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene entre sus objetivos marcados en el ámbito de las políticas de Consumo la aprobación de la Ley de Garantías y medidas para la resolución de conflictos en materia de consumo, un proyecto normativo que ha ido avanzando en su definición ya en la legislatura 2019-2023 y que sigue dando pasos para convertirse en realidad a lo largo de la legislatura 2023-2027. En este sentido, en marzo de 2021 el Gobierno regional elevó a consulta pública la elaboración de este proyecto de ley, que desde entonces ha venido sumando los distintos informes preceptivos.
Así, los objetivos de esta norma son determinar el marco jurídico general aplicable a los métodos alternativos en materia de consumo; regular el procedimiento para la acreditación de las entidades de resolución alternativa de conflictos y las obligaciones que deben asumir; y garantizar el conocimiento por las personas consumidoras de la existencia de entidades de resolución alternativa de litigios de consumo acreditadas, mediante el establecimiento de la obligación de información de las empresas y la actuación de las Administraciones Públicas competentes.
