El Gobierno regional mantiene su compromiso de que la política fiscal sea pactada en Castilla-La Mancha con los agentes sociales y de mantener congelada la presión fiscal.
Así lo trasladó el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital a los grupos políticos durante su comparecencia en la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes regionales, al inicio de la legislatura, para dar cuenta de las líneas generales de actuación en su ámbito competencial a lo largo de esta legislatura.
Asimismo, en la ronda de reuniones que el Gobierno autonómico mantuvo con los agente sociales para explicar el presupuesto para el año 2024, el 23 de octubre de 2023 se produjo una reunión entre el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital y el presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM), en la que coincidieron en poner en valor el hecho de que las cuentas no contemplen un incremento del endeudamiento ni de la presión fiscal a las empresas.
En relación al presupuesto regional para 2025, las cuentas se elaboraron con prudencia y responsabilidad fiscal, enfocadas a la contención del endeudamiento, cumpliendo con los compromisos adquiridos con la ciudadanía. Un Presupuesto elaborado en un escenario de normalidad y estabilidad política e institucional, con el respaldo del diálogo social que se ha mantenido desde el inicio con los agentes sociales, así como el aval de los principales indicadores económicos, que ponen de manifiesto la confianza del tejido empresarial a la hora de invertir en la región.
Una política fiscal pactada basada en la equidad y progresividad tributaria, que son los ejes de la política que mantiene el Gobierno de Castilla-La Mancha en este ámbito.
Por ello, se reclama que se aborde la armonización fiscal, mediante una ley estatal, en relación con los tributos estatales que se gestionan desde las comunidades autónomas para implantar un sistema impositivo consensuado que evite la competencia fiscal desleal entre ellas. Se trata, en definitiva, que la ciudadanía pague sus impuestos en función de su capacidad económica y no en función de su lugar de residencia.
Por otro lado, el Gobierno regional presentó en marzo de 2025 un recurso de inconstitucionalidad contra el criterio de reparto del nuevo impuesto a la banca a las comunidades autónomas, aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado en febrero de 2025, por considerarlo injusto y arbitrario ya que favorece a las autonomías con mayor renta y supone una ruptura con los principios más elementales de redistribución de la riqueza entre territorios.
Por último, en la ronda de contactos con los agentes sociales para explicar las líneas fundamentales de las cuentas regionales para 2026, el Gobierno vuelve a trasladar el compromiso del presidente García-Page de rebajar los tipos impositivos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentado, así como la ampliación de las deducciones por arrendamiento de vivienda, tal y como anunció en el último Debate sobre Estado de la Región, dentro de lo que se podría denominar una ambiciosa política de vivienda para los próximos años.
