El Gobierno regional mantiene su compromiso con la congelación de la presión fiscal y con el mantenimiento de desgravaciones fiscales para familias, empresas y para zonas despobladas.
En relación a las desgravaciones fiscales que se mantienen en el tramo autonómico para la campaña de la renta 2024, más de 200.000 contribuyentes se pueden beneficiar de un total de 25 medidas con el objetivo de atender a las familias, favorecer a quienes residen en zonas despobladas, incentivar la inversión empresarial así como promover donaciones de carácter social, entre otros beneficios, con un impacto económico estimado de 58 millones de euros (en 2023 fueron alrededor de 150.000 contribuyentes y 54 millones).
Con este conjunto de deducciones, Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades con la presión fiscal más baja, siendo la cuarta comunidad autónoma de régimen común en la que menos IRPF se paga, si se comparan los tipos máximos (22,5 %) y mínimos (9,5 %) autonómicos. Estas desgravaciones están dirigidas a atender a los sectores de población con menor capacidad económica, en función de sus circunstancias personales y, en consecuencia, potencian el carácter progresivo y solidario que debe tener la política fiscal.
Los presupuestos para 2025 inciden en el compromiso de responsabilidad fiscal y prudencia en cuanto a la estimación de ingresos y en la moderación a la hora de determinar los gastos, haciendo compatible la congelación de la presión fiscal y la contención del endeudamiento, cumpliendo con los compromisos adquiridos con la ciudadanía.
Una prudencia en materia de ingresos y gastos que permitía el cierre del ejercicio presupuestario de 2024 con un superávit del 0,13 por ciento del Producto Interior Bruto regional, mejorando la previsión inicial de equilibrio presupuestario y reafirmando el compromiso con una gestión rigurosa y coherente de los recursos públicos.
En 2025 se destinan 7.125 millones de euros, el 72 por ciento del gasto no financiero y 2.625 millones más que lo presupuestado en 2015, para financiar la sanidad, la educación y los servicios sociales y se cuenta con un volumen de recursos de 1.459 millones de euros para financiar las inversiones, que duplican la cuantía de los diez años anteriores.
En 2026, se mantienen en el Presupuesto las medidas de fiscalidad diferenciada para luchar contra la despoblación, a través de su inclusión en la Ley de medidas tributarias y administrativas que acompaña a las cuentas regionales para este ejercicio.
