En la Comisión General de las Comunidades Autónomas, celebrada en el Senado en noviembre de 2023, el consejero de Hacienda aboga, en declaraciones a los medios de comunicación, por avanzar en armonización fiscal que permita que los tributos cedidos cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas se apliquen de la misma forma en todos los territorios.
El 8 de febrero de 2024, en un debate general celebrado en las Cortes regionales, la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha pasa por la necesidad de acometer una ley de armonización fiscal para que la ciudadanía pague sus impuestos en función de la capacidad económica y no en función de donde resida, y que el nuevo modelo de financiación garantice el principio de igualdad para que la ciudadanía tenga derecho a acceder a un mismo nivel en la prestación de los servicios públicos sin depender de la capacidad económica de la comunidad autónoma.
En esa misma línea, el 20 de junio de 2024, se vuelve a insistir en el parlamento regional en la necesidad de que, al margen del nuevo modelo de financiación autonómica, se ha de buscar una armonización fiscal en relación con los impuestos estatales que gestionan las comunidades autónomas para evitar una competencia fiscal desleal. Así, del mismo modo que a nivel europeo se ha acordado un mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, esta medida es deseable que se establezca para todas las comunidades autónomas. Las Cortes aprueban una resolución en este sentido.
En septiembre de 2024, las Cortes aprueban una nueva resolución que insta al Gobierno regional a instar al Gobierno de España a incorporar en el nuevo modelo de financiación autonómica un acuerdo sobre armonización fiscal en relación con los tributos estatales que se gestionan desde las Comunidades Autónomas, para que la ciudadanía pague los impuestos en función de su capacidad económica y no en función de donde resida, y que debe ser compatible con la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal. Del mismo modo se solicita esto en una nueva Resolución de las Cortes de octubre de 2024 y en noviembre de 2024.
Una petición que se ha incluido en el documento que el presidente de Castilla-La Mancha entregó al presidente de España en una reunión celebrada en octubre de 2024 con 194 medidas que, para el Gobierno regional, afectan a las relaciones de gestión entre ambas administraciones.
A todo ello, ha sumado la reivindicación de que cada norma estatal que pueda afectar a las cajas autonómicas vengan de la mano de una compensación, bien para apoyar el gasto, bien para aplacar una menor recaudación, como las bajas que se produjeron al bajar el IVA de determinados productos.
En este sentido, destacar que en marzo de 2025 el Consejo de Gobierno aprobó la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el reparto del impuesto bancario entre las Comunidades Autónomas, tras recibir el dictamen favorable del Consejo Consultivo, al considerar que el criterio utilizado para esta nueva medida fiscal no respeta el principio de solidaridad, ni el derecho a la autonomía financiera de las regiones, consagrados ambos en la Constitución Española, además de vulnerar la reserva de Ley Orgánica en materia de financiación autonómica, recogida también en la Carta Magna.
También, el Consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital participó, en mayo de 2025, en la Jornada sobre ‘Financiación autonómica y comunidades infrafinanciadas: principales problemas y propuestas de reforma’, organizada por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) celebrada en Sevilla, en la que ha expresado la postura del Gobierno de Castilla-La Mancha sobre la prioridad de crear un fondo transitorio y abordar la restructuración de la deuda, como medidas previas ante la falta de un nuevo sistema de financiación autonómica, que también corrija los desequilibrios actuales.
Por último, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en enero de 2026 en la presentación a los medios de comunicación de la nueva propuesta del Sistema de Financiación Autonómica, algunas novedades sobre el nuevo modelo, entre las cuales se encuentran nuevos criterios de reparto y una ampliación de competencias en materia fiscal para las comunidades autónomas, con un incremento de la capacidad tributaria de los territorios, que eleva la autonomía y la corresponsabilidad fiscal y refuerza el principio de suficiencia.
