En el caso de la Administración Educativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, existe una Orden por la que los centros educativos pueden solicitar ser catalogados como centros de especial dificultad si cumplen algunos requisitos, como que esté ubicado en zonas de aislamiento geográfico o de difícil acceso o que cuente con alguna unidad de educación especial o su alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo supere el 20 por ciento. Además, se califican de oficio centros docentes públicos que se ajustan a ciertas tipologías como de especial dificultad. En estos casos se incentiva al funcionariado de carrera, computando como mérito en los concursos de traslados el que hayan ocupado estos puestos de difícil desempeño o hayan optado a centros con la calificación de especial dificultad.
Por otro lado, la Memoria de impacto demográfico que se incluye en los presupuestos de la Junta aborda de manera transversal las políticas del Gobierno regional para hacer frente a la despoblación, actuaciones que se concretan en programas presupuestarios como el 422A: Educación Infantil y Primaria, que dota de un complemento retributivo por el desempeño de puestos de trabajo docentes singulares en los Centros Rurales Agrupados de la comunidad autónoma.
En el ámbito sanitario, en noviembre de 2025 la Mesa Sectorial del SESCAM aprobó un pacto para facilitar la ocupación de plazas difíciles de cubrir en el sistema sanitario, con medidas extraordinarias, como incentivos económicos, formación continua o mayor puntuación tanto en procesos selectivos como en concursos de traslados, para atraer profesionales a estas posiciones, especialmente en áreas rurales y con escasez de personal.
La modernización tecnológica que está llevando a cabo el Gobierno regional para transformar el trabajo del personal empleado público es clave para generar servicios proactivos a la ciudadanía, y que pueden ser fundamentales en la lucha contra la despoblación o el incremento de la empleabilidad en zonas despobladas. En este sentido, un incentivo más son los Planes anuales de formación de la Escuela de Administración Regional, que incluyen cada año un programa específico de formación en competencia digital que, entre 2024 y 2026 ha contado con cerca de 120 cursos y más de 5.000 participantes.
También, el nuevo Edificio de Usos Múltiples de la Junta en Sigüenza cuenta con una nueva Oficina de Información y Registro (OIR) dotada con dos plazas, que va a atender a unas 2.000 consultas al año, en su apuesta por acercar los servicios públicos a la ciudadanía y promover el desarrollo sostenible de la zona.
En el ámbito fiscal, hay que destacar la política de incentivos fiscales llevada a cabo por el Gobierno regional en los últimos años, con el mantenimiento de desgravaciones en el tramo autonómico en el IRPF que, entre otros colectivos, favorecen a las personas residentes en zonas despobladas. En este sentido, está en tramitación parlamentaria el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Tributarias para 2026, que va a introducir nuevas bonificaciones, especialmente para jóvenes.
