El calentamiento de la atmósfera y sus consecuencias sobre las vidas y actividades de las personas es una de las mayores amenazas a las que se enfrenta en este momento el ser humano. La necesidad de limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1.5ºC con respecto a la época preindustrial ha sido expresada por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) que obliga a una rápida reducción de la emisión de gases de efecto invernadero durante este siglo. Es, por tanto, la obligación de todos aquellos que detentan responsabilidades de gobierno a cualquier nivel hacer frente a los desafíos asociados a esta tarea en la inteligencia de su importancia para garantizar el futuro de las generaciones venideras.
Estos retos deben traducirse en compromisos concretos de las administraciones públicas y la sociedad en general dirigidos a la adopción de un nuevo modelo energético, basado en una economía baja en carbono, que aproveche los recursos disponibles con la mayor eficiencia que permitan las actuales tecnologías.
Es en este contexto donde se encuadran las políticas de mitigación y adaptación el cambio climático, que persiguen la reducción de riesgos para el medio ambiente, la economía y en último término la salud de las personas.
La Agencia de la Energía y del Cambio Climático de Castilla-La Mancha, cuyo proyecto de decreto se encuentra ya iniciado, tiene como objetivo principal el fomento de las políticas sectoriales en el ámbito de la transición ecológica, a efectos de propiciar la descarbonización de la economía regional a través de la diversificación energética basada en el desarrollo de las energías renovables, el impulso de nuevas tecnologías energéticas y la incentivación del ahorro y la eficiencia energética, la protección del medio ambiente, la mitigación de los gases de efecto invernadero, la adaptación a los impactos del cambio climático, la reducción de la vulnerabilidad y la óptima gestión de los recursos energéticos en el territorio regional, sirviendo de soporte para el impulso y la ejecución de la política energética y medioambiental de la Comunidad Autónoma.
